Directivos de la armadora del 'Pitanxo' declararán el 27 de noviembre en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de investigados a dos directivos de Pesquerías Nores, armadora del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', naufragado en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá), el próximo 27 de noviembre.

En concreto, según fuentes consultadas por Europa Press, se trata del director general de la compañía, José Antonio Nores, y del responsable de Flota de la empresa, José Antonio Nores, padre e hijo. Ambos acudirán a declarar ante la Audiencia Nacional en calidad de investigados por su presunta responsabilidad en el naufragio.

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Se trata de una diligencia solicitada por la defensa de la familia de los 21 fallecidos, después de que presentasen una querella no solo contra el capitán del barco, sino también contra la propia armadora.

El mismo día también está previsto que declaren tres marineros que formaron parte de la tripulación del Villa de Pitanxo en mareas anteriores. También han sido citados, por videoconferencia, tres tripulantes del buque portugués Novo Virxe da Barca, uno de los pesqueros que acudió en auxilio del Pitanxo.

Naufragio e investigación

El pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' naufragó a 450 kilómetros de la costa de Terranova en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros a bordo. A partir de ahí, las familias de los fallecidos han tratado de averiguar qué sucedió.

Durante la instrucción, el juez ha tomado declaración al patrón del pesquero, Juan Padín, en calidad de imputado, a su sobrino Eduardo Rial y al marinero Samuel Kwesi, como testigos, al ser los únicos supervivientes del naufragio. También está imputada la armadora.

La investigación judicial se debe a que Samuel Kwesi ofreció una versión que contradice la expuesta por Padín y Rial, y que apuntaría a posibles negligencias por parte de estos que habrían desencadenado en la tragedia.

Tras tomarles declaración, el magistrado prohibió salir de España al patrón del pesquero, le retiró el pasaporte y le impuso la medida cautelar de comparecer cada quince días en sede judicial y estar localizado. Además, se solicitó una inspección ocular del barco, acometida este verano.