El agro gallego valora que los Veintisiete hayan dado esta semana luz verde definitiva a la revisión de la Política Agraria Común (PAC) que eximirá de controles y sanciones relacionados con el cumplimiento de requisitos medioambientales a las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar la carga administrativa del campo.
"De entrada las movilizaciones dieron frutos que están ahí y se empieza a visualizar que hay modificaciones sustanciales importantes", afirma en conversación con Europa Press el secretario de Coordinación Sectorial de Unións Agrarias (UU.AA.), Félix Porto, si bien subraya que están a "la expectativa" todavía con asuntos que "quedan pendientes".
Remarca que esta "flexibilización" para titulares "supone un alivio para las explotaciones". Son unas 350.000 en España de menos de 10 hectáreas y estima que pueden ser unas 10.000 de estas características en Galicia. "Eso evita muchos problemas, por la burocracia que suponía para la propia administración y, obviamente, para los administrados", opina.
Entre los aspectos positivos apunta también a que se posponga a 2026 la obligación de rotación de parcelas, así como la flexibilización relativa al doble cultivo de maíz y hierba. Considera que "clamaba al cielo" que en Galicia "hubiese que dejar el 4% de los terrenos improductivos", lo que "era una auténtica barbaridad", por lo que supone "un alivio" esta modificación.
Si bien estas son "cuestiones que se valoran en positivo", están pendientes de futuras mejoras la modificación de los ecorregímenes de siega, por el momento solo cerrados a julio y agosto, lo que es "imposible" y provocó "que prácticamente no se solicitasen", por lo que este plazo debe abrirse a dos meses entre mayo y septiembre.
Apunta a que una de las "grandes asignaturas" pendientes es la adaptar los ecorregímenes a las especificidades propias de la cornisa cantábrica, tal y como han demandado los conselleiros de las comunidades del norte. "Estamos a la expectativa y a ver cómo se desarrollan las mesas sectoriales abiertas, fundamentalmente la de ganadería", en donde hay cuestiones por resolver como la fertilización de tierras agrarias.
Esta revisión aborda los reglamentos sobre los planes estratégicos y financiación, gestión y seguimiento de la PAC en respuesta a los problemas encontrados durante el primer año de implementación de la nueva PAC. La ley será firmada ahora por los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo antes de publicarse en el Diario Oficial y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, a finales de mayo.
La revisión del conocido como 'reglamento horizontal' se aplicará hasta el final del periodo de la actual PAC, que culmina en 2027, y algunas de sus disposiciones se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.
El principal objetivo de estas propuestas legislativas es dotar a los agricultores y a los Estados miembro de una mayor flexibilidad para cumplir determinadas condicionalidades medioambientales. Sin embargo, la Comisión asegura que esto no comprometerá el nivel general de ambición en lo que respecta a los objetivos de protección medioambiental y climática de la política agrícola de la UE.
Esta nueva muestra de solidaridad de la UE con el sector se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció la Comisión a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo en la antesala de las elecciones europeas de junio.
Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como 'BCAM', un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.
Según datos del Ejecutivo comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificaría considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que estas sólo cubren el 9,6% de las superficies que reciben ayudas de la PAC.
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