El BNG pide a Europa aclarar cómo se resolverá la prórroga ilegal de la concesión de la AP9

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha trasladado a la Comisión Europea, a través de una pregunta parlamentaria, la "posible vulneración de la normativa europea en la ampliación de la AP-9", recordando que en agosto de 2023 entró en vigor la última prórroga de la concesión de esta autopista, que estará en vigor hasta 2048.

"É un escándalo que os galegos e galegas teñamos que estar pagando 25 anos máis pola AP9 por culpa da prórroga que fixo no 2000 un goberno do PP, afondando na discriminación de Galiza", ha denunciado la eurodiputada del Bloque.

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Según han trasladado los nacionalistas en una nota de prensa, en el documento enviado a la Comisión Europea pregunta "en qué situación se encuentra el procedimiento de infracción iniciado en el 2021 referido a ese periodo de explotación extra, sin haber convocado una licitación pública".

En concreto, destacan, en el texto Miranda pregunta si considera que esa prórroga extra vulnera la legislación europea sobre competencia y si piensa que esa concesión debe finalizar ya.

"Esta prórroga é unha decisión inadmisible que só beneficia á empresa concesionaria", ha manifestado al respecto, al tiempo que se pregunta "que intereses escuros ten o Partido Popular para tomar esta decisión que prexudica a todos os galegos e galegas".

En 2021, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por haber prorrogado la concesión de la autopista AP-9 sin haber hecho una licitación pública. En concreto, la CE consideraba que "España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de contratación de la UE".

Según el Derecho de la Unión Europea la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante una licitación. Algo que no sucedió en la AP-9. Entonces, se destacó que España disponía de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión Europea. De no hacerlo, se avisaba que el organismo europeo podría optar por enviar un dictamen motivado a España. Han pasado ya dos años y, desde entonces, nada se sabe del expediente.