La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ha resuelto un procedimiento sancionador contra el Concello de Vigo por las "actuaciones abusivas" llevadas a cabo en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, por lo que la entidad local tendrá que pagar una multa de más de 27.000 euros y reponer las instalaciones como estaban previamente.
En concreto, se trata del edificio donde estaba la antigua EDAR, remodelado sin autorización previa en materia de costas para situar ahí el nuevo parque de bomberos de Coruxo. En este documento, la APLU finaliza el expediente abierto tras ser interpuesta una denuncia en abril de 2021, después de que el Concello instalase el parque de bomberos municipal en el número 180 de la Avenida Ricardo Mella.
Así, ocupaban las antiguas instalaciones de la depuradora de aguas residuales, sin actividad desde 2017. Para ello, se llevaron a cabo obras en la zona, que ahora se catalogan como "abusivas" por haberse llevado a cabo sin los permisos necesarios, al estar situadas en zona de protección marítima-terretre.
"En el ejercicio de las competencias que le corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia para imponer la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y pérdidas causadas, en el caso de obras y actuaciones contrarias a lo dispuesto en la legislación en materia de costas realizadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá producirse dentro de un plazo de quince años, a contar desde la terminación de las obras contrarias a la legalidad", explica el documento. De esta manera, el Concello tendrá que desmantelar el parque de Bomberos allí instalado y recuperar las antiguas instalaciones.
No han tardado en llegar reacciones al respecto. Así, Marea de Vigo ha considerado "gravísima" la resolución de la APLU, criticando que el Concello actúe con "imprudencia permanente" en materia de costas. "Existen ejemplos de actuaciones públicas y privadas dentro de la servidumbre de protección de costas de las que no consta (autorización) ni del Ministerio ni de Costas. Desde movimientos de tierra como el de Cabo Estai hasta actuaciones de obras menores en playas como la de A Calzoa de las que pese a requerirse información de la autorización por parte de Marea de Vigo, existe un silencio sospechoso por parte del gobierno local", ha lamentado el portavoz, Rubén Pérez.
Él ha recordado que tanto sindicatos como la oposición ya alertaron de que esta actuación en la antigua EDAR podía ser ilegal. "Primero, porque estas instalaciones de Coruxo fueron excusa para movilizar recursos del remanente con la justificación de crear un auditorio municipal y que finalmente el uso era diferente", ha asegurado. Además, ha explicado que a esto se unía que las obras se llevaban a cabo en territorio protegido por costas "sin que existiese constancia de legalidad".
También el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha exigido al alcalde, Abel Caballero, que "dé la cara y asuma responsabilidades políticas". "Estamos ante el riesgo real de que la gestión caprichosa, irresponsable e ilegal del gobierno de Caballero deje la ciudad con solo un parque de bomberos, provocando una situación de evidente inseguridad", ha lamentado.
En la misma línea ha hablado Comisiones Obreras (CC.OO.) que, en un comunicado, ha pedido responsabilidades "políticas, económicas y personales", después de todos los requerimientos llevados a cabo por el sindicato para pedir información sobre esta actuación que ahora se declara ilegal.
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