El jurado del juicio por la paliza mortal a Samuel Luiz dispone ya del objeto del veredicto, las preguntas que deberán contestar sus nueve miembros para determinar la culpabilidad o no de los cinco acusados en relación a unos hechos ocurridos en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés, a la salida de un local de ocio.
Todo ello, les ha trasladado la magistrada-presidenta, de cara a emitir un "veredicto justo" un mes después de iniciarse las sesiones en la Audiencia Provincial de A Coruña.
El objeto del veredicto, consensuado entre las partes personadas, se le ha entregado al término de la audiencia celebrada este lunes y en la que la magistrada-presidenta les ha comunicado -- tras procederse el pasado 15 de octubre a la constitución del jurado -- una serie de instrucciones.
Ha sido en relación a aspectos procedimentales, especificando cuestiones a tener en cuenta como "el principio de presunción de inocencia, principio acusatorio y el principio in dubio pro reo". "Es un puzzle que van a tener que componer", ha resumido en referencia a las preguntas que deben contestar de cara a conformar un veredicto.
"Nadie puede decidir por ustedes y lo único que pueden tener en cuenta es lo practicado aquí", les ha insistido sobre el juicio y para incidir en que el jurado es el que debe determinar "qué ha quedado probado y qué no". "Valorar las pruebas de manera razonable y razonada, fundadas en pruebas", ha recalcado.
Ahora, los miembros del jurado pasarán a la sala deliberaciones estando incomunicados y con custodia policial, también en el hotel donde estarán alojados.
Deberán determinar si hubo o no un "ataque grupal", como sostienen las acusaciones, si los procesados son o no autores o en algún caso cómplices y si tuvieron o no intención de matar frente a la inocencia que proclaman parte de las defensas, negando su participación, y con peticiones que van desde lesiones a homicidio imprudente u homicidio en otras. A mayores, en el caso de dos si actuaron o no por la orientación sexual de la víctima.
Para Diego M.M., la persona que, según acusaciones y testigos que declararon en la Audiencia Provincial de A Coruña, inició la agresión, con insultos de 'maricón' a la víctima. Fiscalía; acusación particular (la familia) y la popular, ejercida por el colectivo LGTBI Alas Coruña, solicitan 25 años de cárcel por asesinato con alevosía y ensañamiento y agravante de discriminación por orientación sexual.
La defensa plantea que los hechos sean considerados homicidio por imprudencia grave y delito de lesiones con pena de dos y un año, respectivamente o, subsidiariamente, homicidio con agravante de abuso de superioridad y condena de diez años. A ello, suma atenuante de consumo de alcohol.
La misma pena de asesinato y agravante piden las acusaciones para su entonces novia, Catherine S.B al alegar que fue la que señaló a Samuel cuando hacía una videollamada pensando su novio que les grababa y que impidió a la amiga de la víctima -- así lo declaró esta-- que lo auxiliase. Alternativamente, reclaman una pena de 14 años y medio como cómplice de asesinato frente a la absolución de su defensa.
Alejandro F.G., el que testigos sitúan como el que agarró por el cuello a Samuel -- con una técnica del 'mataleón', sostienen las acusaciones, lo que él rechaza -- , se enfrenta a 22 años de cárcel por asesinato. Su defensa plantea condena por lesiones y, de no estimarse, homicidio imprudente u homicidio, sin agravante o, en todo caso, de superioridad. Como atenuantes, incluye consumo de alcohol y drogas.
Para Kaio A.S.C., la persona que algún testigo citó como el que cargó la pierna para lanzar una patada -- los policías argumentan que por cómo lo hizo tuvo que impactar, él niega haberlo hecho y dice que solo separó -- se piden 27 años de cárcel por delito de asesinato y robo de móvil del fallecido. Su abogado solicita solo condena por un delito contra el patrimonio al admitir su cliente que se "encontró" un teléfono y se lo llevó.
Absolución o delito de lesiones, en caso de considerarse que tiene alguna implicación, reclama la defensa de Alejandro M.R. para su cliente. Este ha negado, como el anterior y como Catherine S.B., cualquier participación en la agresión y sostuvo, como ellos, que trató de separar. Los policías y algún testigo lo situaron en el núcleo de la agresión, pero sin poder ratificar que golpease. Para él, acusaciones reclaman 22 años de cárcel o, subsidiariamente, 13 años de prisión como cómplice.
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