El PP demanda a Caballero por "vulneración de derechos fundamentales al ocultar información"

Nuevo episodio de enfrentamiento entre el PP vigués y Abel Caballero. La portavoz popular Elena Muñoz ha anunciado que su grupo municipal ha presentado una demanda contra el alcalde de Vigo por vulneración de derechos fundamentales al "ocultar información solicitada tras casi 30 incumplimientos en lo que va de legislatura".

La demanda, tal y como ha indicado la popular, ha sido admitida a trámite por el juzgado tras "presumir la posible existencia de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos". El PP vigués señala que ya se han empezado a practicar las diligencias previas citando al secretario del Concello de Vigo a declarar en calidad de testigo el próximo 26 de febrero.

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Elena Muñoz explicó en su comparecencia que "en todo momento se ha pretendido tratar la querella con la máxima discreción". La líder de los populares en la ciudad olívica apunta que "debido a que nos han llegado filtraciones nos hemos visto obligados a hacerlo público".

La portavoz del PP vigués ha citado entre la información no entregada, o remitida fuera del plazo legal, temas como las analíticas del agua, la prórroga del contrato de Aqualia, el alcance de las obras del estadio de Balaídos, el procedimiento de contratación del parking de Praza de Portugal o el expediente sobre el accidente de O Marisquiño. "Este fue el punto de inflexión. Hasta ahí podíamos llegar", ha señalado Muñoz.

De esta forma, la candidata a la Alcaldía de Vigo por el Partido Popular en las elecciones municipales de 2019 lamenta tener que judicializar la vida política, pero "ante las constantes negativas a la hora de facilitar información del gobierno local, no nos han dejado otro camino". Elena Muñoz ha criticado que "se pisoteen los derechos" de la oposición. "No hay nadie que sea dueño de las instituciones ni que esté por encima de la ley".

Elena Muñoz ha explicado que los hechos denunciados figuran en el artículo 542 del Código Penal, que engloba delitos contra el ejercicio y otros derechos cívicos por parte de una autoridad o funcionario público. "Esta obligación de facilitar información está siendo incumplida reiterademente por el gobierno local y nos impide hacer nuestra labor democrática de control del gobierno", detalló la portavoz del PP vigués.