Empleados de la antigua filial de Faurecia en la localidad louriñesa de O Porriño, que en la actualidad se encuentra en concurso de acreedores, han pedido a la Xunta una reunión para analizar los instrumentos que tiene la Administración con el objetivo de buscar "inversores serios" para la planta y mantener los puestos de trabajo. Así lo han señalado los trabajadores en una concentración llevada a cabo en la mañana de este miércoles en las instalaciones de la compañía, donde han explicado los motivos que, a su juicio, han desembocado en esta situación.

En concreto, Leonardo Suárez, el actual presidente del comité de empresa de Madera Fiber, antigua Faurecia Interior Systems, ha indicado que fue en julio de 2021 cuando la firma comunicó a los empleados la venta de la unidad productiva al grupo Callista Private Equity, tratándose de un fondo buitre alemán.

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En enero de 2022 esta compañía tomó el control de la planta de O Porriño tras el pago de un euro, pese a que Faurecia además inyectó capital por valor de tres millones, según denuncian los empleados. En ese momento, los responsables del comprador se reunieron con el comité informando de que traían un plan industrial para dar viabilidad a las instalaciones. "La realidad que pudimos comprobar fue que nunca tuvieron un plan industrial, ni invirtieron nada para tenerlo, sino todo lo contrario, se dedicaron a descapitalizar la planta, llegando incluso a vender los terrenos en julio de 2022 por un precio muy inferior al valor de mercado de 2,4 millones", ha criticado Suárez.

"El enterrador"

"En febrero de este año el fondo buitre alemán, siguiendo su modus operandi habitual, abandona la antigua planta de Faurecia cediendo los activos por 3.600 euros a una empresa rumana gestionada por Rüdiger Wisser, personaje que se define a sí mismo como 'el enterrador", ha añadido el presidente del comité. Según él, el nuevo propietario dejó claro que pretendía buscar un nuevo comprador o cerrar la planta y el pasado jueves, 14 de septiembre, presentó el concurso de acreedores.

"En esta trama no podemos perder de vista que el principal cliente fue y sigue siendo Faurecia", ha subrayado Suárez, indicando, que de los cerca de 100 trabajadores, solo pueden seguir operando seis, debido a que los proveedores han dejado de suministrar materiales por falta de pago, aunque sí hay carga de trabajo.

Por todo ello, han pedido ayuda a las administraciones, empezando por una reunión con el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, que se producirá la semana que viene. También han solicitado un encuentro con la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, para buscar "inversores serios".

"Estamos ante un acto de terrorismo laboral donde Faurecia nos envió al matadero, Callista nos mató y el señor Wisser, tal como anunció, nos está enterrando y todo en tan solo 18 meses", ha sentenciado.