La senadora del BNG, Carme da Silva, vuelve a registrar iniciativas para que el Ministerio para la Transición Ecológica adopte las medidas necesarias que permitan garantizar el acceso y tránsito de todas las personas en la Isla de Toralla, en cumplimiento de la Ley de espaldas y de las sentencias judiciales que reconocen este derecho.
La accesibilidad pública a la Isla de Toralla, situada en Vigo, es una demanda histórica y una cuestión de justicia que, para la senadora nacionalista, debe resolverse de manera definitiva por lo que requiere conocer las previsiones del Gobierno en esta asunto.
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El pasado mes de octubre, el propio Ministerio reconocía al BNG que era "consciente de las limitaciones existentes en Toralla en relación a la efectividad de la servidumbre de tránsito" y aseguraba que estaba "trabajando en una solución para revertir esta situación". Meses después de esta información oficial, el Ministerio continúa sin dar pasos adelante para garantizar el acceso público a la isla, por lo que la organización nacionalista vuelve a registrar iniciativas demandando al MITECO agilidad en el procedimiento.
"El Ministerio debe llevar a cabo medidas efectivas que permitan, de una vez por todas, que el acceso público a la isla sea una realidad" subraya la senadora del BNG. En este sentido, Carme da Silva se interesa por las previsiones, medidas y plazos que maneja Transición Ecológica para la recuperación del tránsito en la isla y garantizar el paso público, tal y como establece la Ley de espaldas y las diferentes sentencias judiciales.
El BNG, señala la senadora nacionalista, considera que la accesibilidad pública a la Isla de Toralla es una demanda histórica y una cuestión de justicia que “debe resolverse de manera definitiva”. Segundo explica Carme da Silva, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deba pasar “de las palabras a los hechos y adoptar las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito en cumplimiento de la ley”.
Cumplir la Ley y las sentencias judiciales
Cabe recordar que la Isla de Toralla, situada en la Ría de Vigo, fue objeto de una salvaje especulación urbanística en los años 60, quedando prácticamente privatizada. A pesar de contar con terrenos de dominio público, el acceso a la isla está restringido por la presencia de una vallado en el inicio de la ponte y la existencia de vigilancia que impide el paso de personas no autorizadas. Esta situación vulnera claramente la Ley de Costas, que establece la obligatoriedad de dejar expedita una franja de seis metros para el tránsito público.
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Además de las constantes denuncias ciudadanas, en 1997 el Tribunal Supremo ya rechazó el recurso de los residentes de la isla que pretendían la exclusividad en el uso y disfrute del puente y de las playas. La sentencia estableció con claridad que los propietarios deben ceder para dominio público seis metros de terreno. A pesar de esta resolución, la situación de inaccesibilidad se mantiene, en descampado incumplimiento legal.