El caso judicial y urbanístico en el que se ha envuelto el Talaso Atlántico, con amenaza de demolición inminente, da un nuevo giro después de que una de las partes personadas en el procedimiento judicial desvelara que la documentación oficial incorporada al caso "acredita una realidad distinta" a la explicada hasta ahora por el Concello de Oia.
En concreto, esta parte señala que el Concello solicitó en agosto de 2024 a la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) la suspensión del informe que esta debía emitir para continuar la tramitación del plan de legalización parcial del edificio hotelero y de talasoterapia. Lo hizo para ganar tiempo mientras lograba la cesión de un tramo de la carretera PO-552 para que pasara a ser de titularidad municipal, paso imprescindible para aprobar el Plan Especial que regularizaría parte del complejo. Sin embargo, según se sostiene, el Concello "durante meses trasladó al juzgado que el procedimiento se encontraba pendiente de dicho informe, proyectando una situación que no se corresponde con la realidad documental obrante en el expediente", ya que se había paralizado.
La documentación evidencia que la AXI había emitido en noviembre de 2022 un informe desfavorable al plan, exigiendo correcciones. Y, fundamentalmente, la tramitación quedó condicionada por la necesidad de modificar la titularidad del tramo de carretera, aprobada finalmente por el Pleno Municipal de Oia en enero de 2025.
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"Estos elementos permiten afirmar que el PEID no se encontraba en una fase final real de tramitación, sino sujeto a condicionantes técnicos y administrativos relevantes", señalan para alegar que durante un tiempo se presentó una situación que no era la real.
El cualquier caso, en un escrito enviado al juzgado este pasado 3 de marzo, el Concello de Oia sostiene que la elaboración del Plan Especial (encargada a un despacho vigués) está esta vez sí a la "espera del dictamen del nuevo Informe por parte de la Agencia Gallega de Infraestructuras para terminar la elaboración del documento de aprobación provisional del Plan especial para la instalación de talasoterapia en el Concello de Oia". Todo después de que esta vez sí se aprobara la cesión del tramo de la carretera.
En duda las indemnizaciones
Por otro lado, esta parte personada en el caso considera que el argumento de una hipotética indemnización millonaria que comprometería la viabilidad económica del Concello "presenta serias dudas desde el punto de vista jurídico".
En primer lugar, por el tiempo, al haber transcurrido más de dieciséis años desde la anulación de las licencias sin que conste el ejercicio de acción alguna por parte de la empresa propietaria del complejo. En segundo lugar, se explica que "la licencia concedida autorizaba la construcción de un edificio de bajo más dos alturas, mientras que la empresa ejecutó una edificación de bajo más siete alturas".
A todo ello, se le añade que durante este tiempo se llevó adelante la actividad sin cobertura legal, "con la consiguiente obtención de importantes beneficios", unido a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre mediante instalaciones de captación y vertido de agua de mar que "no se ajustan a las condiciones autorizadas".