Oia dará la batalla judicial para legalizar parte del Talaso ante el riesgo de quiebra del Concello

El Concello de Oia activa su maquinaria judicial para intentar salvar, aunque sea parcialmente, las instalaciones del Talaso Atlántico después de que la Justicia ordenara activar de forma inmediata la demolición del edifico, sobre el que pesa una orden de derribo desde 2009 por falta de licencias. El último varapalo judicial llegó la pasada semana con un requerimiento judicial que obligaba al Concello a exigir el derribo a la sociedad Balneario del Atlántico, S.L. en un plazo de 10 días.

Ahora, tras una reunión de urgencia, los servicios jurídicos contratados por el Concello han tomado la decisión de presentar un recurso de reposición en el que se expondrá que se está tramitando un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID), que busca legalizar parte del espacio. "Deberían respetar su conclusión porque está en su fase final", señala la alcaldesa oiense, Cristina Correa.  Los trabajos de redacción deben avanzar a toda velocidad, ya que el plazo para presentar el recurso finaliza el miércoles.

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En cualquier caso, recuerdan desde el Gobierno local, la presentación de esta solicitud "no suspende la obligación" de comunicar a la propiedad del Talaso el requerimiento de derribo.

El plan para legalizarlo

El plan municipal pasa por que el PEID legalice parcialmente las instalaciones, ya que el Gobierno local cree que la actividad de talasoterapia tiene encaje legal en la nueva propuesta. La situación irregular del Talaso se remonta a 2009, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) consideró que la licencia de obra otorgada en 2003 para su construcción fue irregular al levantarse sobre suelo rústico de protección de costas.

Tras declararse ilegal el edificio, en 2013 el Tribunal Supremo (TS) confirmó la orden de demolición y puso en jaque definitiva la viabilidad del inmueble. Tras ello, el Concello puso en marcha el nuevo plan, PEID, con la que garantizar aunque fuera parcialmente, la actividad del Talaso, al que habría que reducir alguna planta y hacerlo encajar medioambientalmente con el entorno.

Aunque la Justicia considera que el plan de legalización no se ha completado a tiempo, el Concello insiste en que está en sus últimas fases y pide que se aguarde para su aprobación.

Quiebra del Concello

Además de la pérdida de empleos, la alcaldesa de Oia teme que el coste de las demoliciones e indemnizaciones sea inasumible. De no ejecutar la demolición la sociedad propietaria del Talaso, el Concello deberá hacerlo subsidiariamente para pasarle después la factura. Además, se prevé la solicitud de indemnizaciones millonarias. En 2014, El País avanzó que los propietarios advertían de su intención de demandar al Concello de Oia por 18 millones de euros, ya que fue el responsable de otorgar la licencia que después se consideró ilegal. "Supondría la quiebra", explica la alcaldesa, Cristian Correa, para recordar que el presupuesto municipal ronda los dos millones de euros, que se van casi en su totalidad para los gastos corrientes de funcionamiento.