La Xunta pide por quinta vez una reunión con el Gobierno para abordar el rescate de la AP-9

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, acaba de solicitar por carta una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la AP-9 ante el último dictamen de la Comisión Europea que declaró ilegal la prórroga de la concesión hasta 2048.

Allegue emplaza al ministro a esta reunión, la quinta que solicita en el último año para tratar la gestión de la AP-9, ante la falta de información del Gobierno central sobre la respuesta que va a dar ante dicho dictamen, y para exponer el nuevo estudio de la Xunta que concluye que el rescate es en este momento la solución más ventajosa para el interés público, y cuantifica esta medida en 2.356 millones de euros. En este estudio, además, se realiza una evaluación del impacto que tendría en el tráfico la liberación del peaje de la AP-9.

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En el estudio actualizado de la Xunta, el citado coste de la indemnización calculado en este 2025 es mayor (2.356 M€) que el calculado en 2024 (2.331 M€), a pesar de que ha transcurrido un año más de concesión. Esto se debe a que el resultado de la concesión, es decir, el beneficio de la concesionaria, es cada vez mayor, por lo que el coste aumenta, y la concesionaria suma un año más de beneficios. Por esta razón, la Administración autonómica concluye que el rescate es mejor afrontarlo cuanto antes.

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La conselleira recuerda que la opción del estudio del rescate ya había sido sugerida por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado en sus informes sobre el proyecto del Real Decreto 680/2021, en el que se introdujeron las bonificaciones para los usuarios, posteriormente ampliadas en 2024. Ambos organismos señalaban que, ante el enorme compromiso de gasto previsto, debía analizarse la conveniencia del rescate de la concesión, cuestión que no fue atendida.

Allegue señala que, además del cálculo del coste de la indemnización, el Estado debe realizar también un análisis coste–beneficio equivalente al que elaboró para la circunvalación de la AP-7 en Alicante, que concluyó señalando los beneficios socioeconómicos y medioambientales que motivaron posteriormente la liberación definitiva del peaje en dicha autopista.

La conselleira muestra su disposición para exponer los términos del estudio elaborado por la Administración autonómica y recuerda que en el último año la Xunta ha solicitado en múltiples ocasiones una reunión para abordar una cuestión de tanta trascendencia como la gestión de la AP-9, sin obtener respuesta hasta el momento.