El concejal popular Miguel Martín denuncia que Vigo “mantiene desde hace casi cinco meses suspendidos los test antidroga al expirar el contrato municipal de la empresa que se encargaba de analizar las pruebas, sin que hasta ahora el Gobierno local haya iniciado su renovación”.
Según indica el edil del Partido Popular de Vigo, la Policía Local de la ciudad olívica “ha recibido instrucciones de paralizar la realización de estos test hasta nueva orden por problemas en el servicio”. Martín se ha mostrado muy crítico con que, habiendo expirado el contrato con el laboratorio de la Universidade de Santiago de Compostela, que procedía a la recogida, transporte y análisis de las muestras que daban positivo en los controles de tráfico, “no fuera hasta hace apenas unas semanas que el Gobierno inició la tramitación de esta concesión”.
Martín ha asegurado que, desde hace cuatro meses, los test realizados en los controles antidroga practicados por los agentes municipales no han servido “para nada”, ya que los que daban positivo “no han podido ser enviados posteriormente al laboratorio para su ratificación”. Así, las muestras de saliva de aquellos conductores que mostraban claros síntomas de conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes “no tendrán propuesta de sanción alguna”.
Desde el Partido Popular han calificado esta situación de “muy grave” ya que atenta contra la seguridad del tráfico en la ciudad y da una imagen de impunidad a quien se salta todas las normas y circula “colocado”, al tiempo que lo consideran un peligro para el resto de los usuarios de la vía pública.
En esta misma línea, Martín ha cuestionado “la falta de planificación e ineficiencia” en la gestión del Gobierno local, que inició la renovación solo “tras darse cuenta del problema, ocultando el vacío generado durante cuatro meses”. En opinión del concejal, “nadie se preocupa de que los contratos que van a expirar sean renovados en tiempo para evitar situaciones como esta”.
Al hilo, ha exigido explicaciones a la concejala responsable de tráfico y seguridad, Patricia Rodríguez, por “dejarse olvidado en un cajón” un contrato tan importante para Vigo, tal y como lo demuestra el hecho de que la partida presupuestaria destinada a tal fin “no tiene ninguna obligación pendiente de pago antes de que se acabe el año”.