Funcionarios de Justicia gallegos han arrancado este lunes los paros contra el "atropello" que supone la Ley Orgánica de eficiencia organizativa en el sector público de la Justicia, así como para defender "el servicio público" y el mantenimiento de sus derechos laborales.
Los paros y protestas ante los edificios judiciales, convocados por STAJ, UGT, CC.OO., CSIF y SPJ-USO, se han producido por toda España y también en las siete ciudades gallegas y han contado con un seguimiento a nivel nacional, según CSIF, del 85%. En el caso de Santiago de Compostela, los funcionarios han protestado ante los juzgados de Fontiñas coincidiendo con los paros, que están convocados diariamente de 10:00 a 13:00 horas.
"Estamos defendiendo nuestros derechos ante una ley que pretende publicar la ministra y en la que se recortan los derechos laborales de los trabajadores y también los derechos de los ciudadanos", ha dicho, durante la protesta de Santiago, Manuel Díaz, delegado de UGT en A Coruña, que ha acusado a esta ley de buscar un recorte "en el servicio público".
Asimismo, ha explicado, los paros obedecen a que sus funciones "no están siendo reconocidas ni determinadas tanto legal como retributivamente". "Tenemos un complemento de destino que es inferior al de todas las administraciones del Estado, que es inferior al de hace 20 años", ha apuntado Manuel Díaz, que ha advertido de que los trabajadores "no van a permitir que la ministra juegue con el futuro de la Justicia de esta manera".
El "recorte de puestos de trabajo y de derechos" afecta a 2.800 trabajadores en Galicia, apunta el sindicalista, que precisa que la norma supondría, entre otras cuestiones, "dejar de crear juzgados". "A partir de la publicación de esa ley, no se crearía ninguna unidad judicial más y ningún puesto de trabajo", ha destacado.
Obligación de fichar
Por otra parte, los sindicatos convocantes de este paro han anunciado su intención de recurrir una instrucción dictada por la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta en la que se "obliga a las personas trabajadoras a fichar mientras hacen la huelga", una obligación que, apuntan, "no existe legalmente", ya que "cada trabajador puede ejercer libremente" su derecho a huelga "sin más obligación que la de respetar los servicios mínimos". Esta instrucción, apuntan, "dispone que los servicios mínimos se prestarán por la misma persona durante todos los días de la semana, imposibilitando de este modo su derecho a huelga e impidiendo que las demás personas del centro hagan estos servicios".