El Grupo municipal de la Marea de Vigo denunció esta mañana el “engaño” de la nueva tarifa de agua y abastecimiento que se aplicará en la ciudad desde 2021 y alertó sobre el compromiso del Concello para invertir 101 millones de euros en diez años que, según explican, se financiarán a través de los importes fijos que pagan los ciudadanos.
“El truco no está en los nuevos bloques de tarificación sino en el 'movimiento' de los conceptos de la propia factura”, aseveró el concelleiro Rubén Pérez. “En lugar de generar una reducción en la factura, tal y como anunció el alcalde, lo que provocará esta nueva tarificación es un incremento. De 7,6 euros de cuota fija se pasa a 28,62”, asegura. Este incremento, según el portavoz municipal, “es necesario para cubrir las varias reparaciones que precisan infraestructuras como la ETAP de Casal, la de Valadares o la renovación de los colectores”. Un documento municipal explica que “la renovación anual de las redes existentes de abastecimiento y saneamiento implica una estimación máxima de gasto medio de 9,1 millones” lo que se traduce en una inversión de 101 millones en diez años y una vida útil de “hasta 50 años”.
“Esto podría haber sido una oportunidad para tener un sistema de tarificación más social que premiara el ahorro ante la evidente necesidad de un consumo más consciente y sostenible, nosotros estamos de acuerdo con el sistema de tramos” enfatiza Pérez. Pero “la realidad nada tiene que ver con ese sistema, y cualquiera puede coger su factura, leer su tarifa, hacer el cálculo según la nueva tarificación, y darse cuenta de la trampa”.
Por su parte, Oriana Méndez apeló de nuevo a la necesidad de comenzar a llevar a cabo políticas de remunicipalización de los servicios municipales. “El 2019 tenía que haber sido el año de las remunicipalizaciones, ya no hablamos solo de la empresa que gestiona el agua en nuestra ciudad, sino de las políticas privatizadoras implementadas por este Gobierno en los últimos años” resaltó.
“La pérdida de empresa pública es una pérdida patrimonial y social. El Concello de Vigo lleva años extinguiendo empresas públicas, como fue el caso de Emavisa, así como plazas públicas de empleo con la privatización de la gestión de los espacios deportivos de la ciudad” explica Méndez.
“No son casos aislados, tenemos el caso de los bomberos, que pese a tener la sentencia ganada, a día de hoy no existe oferta pública alguna; el caso del VigoZoo, que lejos de llevar a cabo la necesaria reconversión que hoy volvemos a reclamar, se está privatizando la gestión de varios de sus servicios; o el caso de los museos, en concreto la Pinacoteca, yendo un paso más allá eliminando lo que ya era un servicio concesionado”.