Obligan a la Xunta a pagar a un funcionario los mismos trienios que cuando era personal temporal

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha ordenado a la Xunta que pague a un bombero forestal, que en 2023 consiguió plaza como funcionario, los trienios consolidados en las mismas condiciones que cuando era personal laboral temporal.

La sentencia, emitida el el pasado 26 de noviembre, estima un recurso interpuesto por el trabajador público contra una resolución de la Dirección Xeral de Emprego e Administración de Persoal que le denegaba el cobro de los trienios.

Másnoticias

"Superviguesa", la versión de Aitana con guiños a Vigo que está arrasando en redes sociales

24/11/2025

Activada la preemergencia por inundaciones varios ríos de Vigo, Pontevedra y Cuntis

24/11/2025

El juez-magistrado razona su fallo con que "los servicios prestados en condición distinta a la de funcionario de carrera se valorarán en todo caso y a efectos retributivos, en la misma cuantía que corresponda a los del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las prestadas".

• Te puede interesar: La Xunta asegura que "ningún concello" solicitó ser declarado zona tensionada de vivienda

En el caso del bombero forestal, tal y como explica el sindicato CSIF en un comunicado, había consolidado sus trienios como personal laboral temporal desde el año 2001 y en 2023 adquirió la condición de funcionario tras superar un proceso selectivo.

Sin embargo, al convertirse en funcionario, denuncia la central, la Xunta "redujo el valor de cada uno de sus trienios" a 16,16 euros mensuales, "en lugar de los 34,14 euros que percibía hasta su ingreso como funcionario".

El CSIF, cuyos servicios jurídicos ejercieron la representación del bombero forestal, destaca que esta sentencia que mantiene el mismo valor de los trienios "marca un precedente" en la Xunta y "pone de manifiesto un problema del que ya han advertido en reiteradas ocasiones".

Tal y como explica el sindicato, "actualmente afecta a medio millar de funcionarios y en varios meses afectará a varios miles de trabajadores públicos" al finalizar los procesos de estabilización al amparo de la Ley 20/2021.

En este contexto, CSIF pone a disposición de los afectados a sus delegados para asesorarles sobre cómo presentar estas demandas y defender sus derechos: "Si la Xunta sigue mirando hacia otro lado, se va a encontrar con un problema que irá a más".