El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a denunciar este viernes el "ataque" de la Xunta a la campaña navideña impulsada desde el Concello, tras recibir un requerimiento sobre la instalación del mercadillo (Cíes Market) en la Alameda.
En una rueda de prensa, el regidor olívico ha afirmado que Patrimonio se ha dirigido al Concello para hacer un requerimiento sobre la instalación de esos puestos en la Plaza de Compostela, tras una denuncia del BNG, y ha asegurado que la administración autonómica traslada que debe ser Patrimonio el que autorice esa actividad. Todo ello, según Caballero, porque "quieren parar la Navidad de Vigo".
El alcalde ha asegurado que existe "una alianza" entre BNG y PP para boicotear la campaña navideña viguesa, incluso con denuncias en los juzgados "a través de intermediarios", y ha asegurado que el Ayuntamiento no necesita autorización de Patrimonio para la instalación del mercadillo porque "son actuaciones efímeras en superficie".
"¿Cuál es el daño al patrimonio?", ha cuestionado, y ha recordado que el Cíes Market se instala en Navidad desde hace años y que no se ha producido "ni un solo daño" al patrimonio. "Esto es pura política, y detrás están los candidatos del BNG y del PP, y detrás, Ana Pontón y Rueda", ha concluido.
El alcalde, que ha recordado que se instalan mercadillos similares en plazas históricas "de toda Europa", ha proclamado que nacionalistas y populares "no soportan" que Vigo haya consolidado una campaña navideña que es "referente en todo el planeta".
Respuesta de la Xunta
Por su parte, la Xunta de Galicia ha explicado que el pasado 1 de diciembre de 2022 recibió en la Dirección Xeral de Patrimonio la denuncia del BNG y, "como marcan los procedimientos", informó al Concello de las diligencias informativas de apertura de expediente sancionador.
Los días 27 y 29 de diciembre, el Concello remitió sus alegaciones, "señalando que se trataba de obras menores". El 14 de marzo el Servizo de Patrimonio Cultural emitió informe técnico, y días después envió una copia al Concello y le reclamó varios documentos (proyecto técnico, condiciones para el uso del espacio, limitación de aforo, actividades, etc., medios de vigilancia o informe de la arqueóloga municipal, entre otros).
La Xunta ha precisado que, a día de hoy, el expediente aún no está resuelto, aunque ha subrayado que, "como cualquier otra administración pública", debe ser "respetuosa con el marco normativo para conservar el patrimonio de todos los ciudadanos".