Un hombre se enfrenta a cuatro años de prisión por un caso de estafa al Servizo Galego de Saúde (Sergas), con el que, presuntamente, se hizo pasar por una empresa que configuró el sistema de cableado de varios centros para hacerse con 59.596 euros. Por ello, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión, 12 meses de multa a razón de un cuota diaria de 10 euros y la devolución a la Xunta de la cantidad estafada.
El juicio contra este hombre, con antecedentes penales cancelados, ya fue fijado en junio del año pasado, aunque en aquel momento tuvo que ser aplazado. Ahora está señalado en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para el próximo jueves, día 25. Según el escrito del Ministerio Público, el acusado, "actuando en todo momento con ánimo ilícito de enriquecimiento", se hizo pasar por otra persona que, a su vez, fingía actuar en nombre de un empresa que había realizado el suministro del cableado para centros del Sergas, un contrato por importe de casi 60.000 euros.
El acusado remitió correos electrónicos a la cuenta general de la Consellería de Sanidade, en los que solicitaba información sobre el pago de las facturas. Además, para "dar apariencia de que era una persona autorizada por la empresa y conseguir información" aportó una serie de datos como el número de expediente, número de las facturas e importe, lo que hizo que el funcionario receptor de las comunicaciones creyese que la persona con la que se comunicaba pertenecía a la empresa.
Cancelación de la cuenta bancaria
Ante esto, el acusado volvió a contactar con el funcionario y le comunicó que iban a cerrar la cuenta corriente en la que la Xunta efectuaba los pagos. Para ello, el hombre aportó una certificación bancaria y, bajo la disculpa de la cancelación, solicitó los trámites necesarios para que el importe de la factura se transfiriese a una nueva cuenta, de la que era titular una empresa, cuyo apoderado era él mismo.
La Xunta efectuó el pago de la factura el 26 de septiembre de 2019 por el importe que posteriormente el acusado retiró, en efectivo y mediante cajero, diversas cantidades que ascendieron a 49.000 euros. El Ejecutivo gallego, cuando verificó que el pago que se había efectuado había sido fruto de un engaño, abonó la cantidad correspondiente a la empresa que había realizado el trabajo.