Los eurodiputados del Partido Popular miembros de la Comisión de Pesca, Gabriel Mato y Francisco Millán Mon, han intervenido en el pleno del Parlamento Europeo (PE) en el marco del debate sobre el reglamento de ejecución que veta la pesca de fondo en 87 áreas del Océano Atlántico, donde han insistido en su petición de que se suspenda el veto y se revise "cuanto antes".
El portavoz del Grupo PPE en la Comisión de Pesca del PE ha planteado una serie de preguntas al Ejecutivo comunitario en relación con su decisión y le ha pedido que espere hasta conocer el nuevo estudio científico del ICES, que se publicará en las próximas semanas, para llevar a cabo un acto de ejecución que "refleje la realidad del sector y que evite este grave daño que se le está produciendo, bajo el pretexto de proteger las áreas marítimas vulnerables".
Por su parte, el eurodiputado gallego y miembro de la Comisión de Pesca, Francisco Millán Mon, ha denunciado también el "uso indiscriminado" de datos científicos, la "ausencia de una evaluación de impacto socioeconómico", la "falta de consultas suficientes" o a la "negativa, totalmente injustificada, a distinguir entre el arrastre y el palangre, en contra de lo que por ejemplo dice el ICES". "En el fondo, la Comisión ha trabajado con brocha gorda en vez de con pincel fino", ha aseverado Mon, que ha censurado además que el Parlamento Europeo ya censuró hace dos semanas el proceder de la Comisión en una enmienda presentada por el Grupo popular.
Millán Mon también ha mostrado su preocupación tras conocerse los primeros datos sobre el impacto de este veto, ya que "en Galicia las capturas de las especies afectadas han caído hasta un 60% y la facturación ha disminuido notablemente".
El eurodiputado gallego ha argumentado que "no se puede seguir legislando en el sector alimentario como si nada pasase". "Ahí están la guerra de Ucrania y sus terribles consecuencias. En un momento excepcional con el precio de la cesta de compra disparado, no se entiende que la Comisión esté limitando las capturas y la venta de pescado de la flota europea", ha comentado. "Hay ecosistemas vulnerables, pero nuestra seguridad alimentaria, nuestros pescadores y sus familias también son vulnerables. Por las deficiencias jurídicas, científicas, procedimentales y también, evidentemente, deficiencias de esta decisión en materia de oportunidad; por todas estas razones, insisto en que lo más sensato sería la suspensión de la medida", ha concluido.
Grupo Socialista
Los europarlamentarios socialistas se han expresado en la misma línea y han exigido, una vez más, a la Comisión Europea que suspenda la ejecución del ya mencionado reglamento al "impactar negativamente en las comunidades costeras, estrechamente vinculadas a la pesca". El gallego Nicolás González Casares, miembro suplente de la Comisión de Pesca, se ha referido al sector pesquero de Galicia como "el más potente de la Unión Europea", pidiendo además "respeto por la pesca y por la gente del mar que se está viendo agredida por las decisiones europeas adoptadas sin verdadero peso científico".
El eurodiputado socialista ha censurado que se le imponga a los Estados miembros la "responsabilidad" de paliar la situación con las ayudas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA). "Los pescadores no quieren subvenciones ni indemnizaciones, lo que quieren es salir a pescar", ha aseverado.
En la misma línea que los populares, ha solicitado que se reevalúe el reglamento "ante un panorama que se presenta insostenible para la gente de la pesca". "La autonomía estratégica, los productos sanos, saludables y pescados en los mares sostenibles europeos debe ser la apuesta de la UE y no esa incipiente apertura a unos productos pesqueros y una importación menos sostenible", ha señalado.
Grupo del BNG
También los nacionalistas, en la voz de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, han solicitado la "suspensión urgente" del veto a la pesca de fondo, afeando además --como han hecho los socialistas-- que Europa se incline por "el pescado importado en vez de por acuerdos comerciales en otras materias", lo que ha definido como un "problema político". "La afectación de esta medida, a más de 1.000 barcos, 4.000 tripulantes, y la repercusión en las lonjas con la pérdida de potencial de ventas, es un desastre", ha denunciado, censurando a su vez que los eurodiputados de la Comisión de Pesca "no hayan podido ver" todavía el reglamento, aprobado el 15 de septiembre.
Miranda ha calificado la decisión de "desproporcionada e injusta", en tando que con este veto, "cientos de tripulantes perderán su trabajo y parte de sus salarios, no solo en las artes incluidas en la pesca de fondo como la flota de palangre del Gran Sol o la de arrastre del Cantábrico Noroeste, sino también la de artes menores de pesca artesanal, con 2.100 afectados en este segmento de la flota".
La eurodiputada nacionalista ha remarcado que además del "problema político" ya mencionado, existe "un problema medioambiental y económico". "Desde el Bloque estamos siempre a favor de la sostenibilidad medio ambiental, social y económica. Pero con esta decisión se ha vulnerado el equilibrio entre el medio, los recursos disponibles y las capacidades de pesca, ya que solo se ha analizado el efecto medioambiental, pero no así el impacto social en zonas altamente dependientes de la pesca, como Galicia", ha defendido.
Miranda ha recalcado que las evaluaciones científicas y socioeconómicas deben estar basadas en informaciones "precisas, objetivas y completas", "que no es lo que ocurrió con las consideraciones del dictamen del ICES del 2021". A este respecto ha recordado que el propio ICES reconoce que "falta análisis de algunas artes de pesca presentes en el caladero afectado". Considera además que la Comisión Europea debería haber esperado a los nuevos informes de 2022 para analizar "correctamente y con datos actualizados una medida de esta magnitud".