La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha criticado al Gobierno de Abel Caballero por votar contra su propuesta este lunes. En ella, el grupo municipal popular exigía explicaciones ante "la pérdida de 4,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos", como manifestaba su moción.
En realidad, exigían responsabilidades sobre un asunto que denunciaron recientemente ante los medios de comunicación. El grupo asegura que el Concello de Vigo se ha visto obligado a devolver fondos Next Generation, entre ellos 3 millones recientemente "ante la incapacidad de llevar a cabo el proyecto de la envolvente de la torre del Concello", más otros 257.000 euros en concepto de intereses.
"Han tenido que devolver prácticamente uno de cada cinco euros de los fondos Next Generation recibidos. Este es el balance de su magnífica gestión", ha ironizado la portavoz del PP.
Durante su intervención, Luisa Sánchez ha lamentado que tras la denuncia realizada por su partido, hace dos semanas, el Gobierno de Abel Caballero no haya dado ni una sola réplica sobre la pérdida de 4,5 millones de euros. "Nadie ha abierto la boca. Al señor Caballero le importa tanto la gestión del dinero de los vigueses que ni siquiera está presente para hablar del asunto", ha recriminado ante la ausencia del alcalde vigués en la sesión plenaria de este lunes.
"El alcalde socialista no tiene por costumbre rendir cuentas ante la ciudad. No le gusta. Hace tiempo que se olvidó de que es un servidor público", ha manifestado.
Luisa Sánchez ha subrayado que a esos tres millones de euros que contabilizan se suman los ya perdidos por el frustrado Amazon vigués, la reforma del mercado de Teis y la creación de los parques infantiles de Torrecedeira y O Berbés. "Proyectos que no se ejecutarán o que tendrán que pagar los vigueses con sus impuestos, que no son bajos precisamente", ha señalado.
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Así, en la moción del grupo popular, que fue rechazada con los votos en contra del grupo socialista y la abstención del grupo nacionalista, se reclamaba al Gobierno local que se adoptasen responsabilidades políticas, la creación de una comisión de seguimiento para supervisar la correcta gestión de los fondos europeos y que además de dar explicaciones sobre lo ocurrido, también se informe sobre si esos proyectos pendientes se llevarán a cabo o "se guardarán en un cajón".