Salceda pide "prudencia" tras la sentencia sobre el 'catastrazo' y alerta de "riesgo" para 159 licencias

El gobierno municipal del Concello de Salceda de Caselas ha apelado a la "prudencia" tras conocerse una sentencia del TSXG que anula la revisión catastral de unas fincas y abre la puerta a posibles reclamaciones de miles de afectados, y ha matizado que la resolución afecta a un recurrente concreto, por lo que no se puede extender a todas las fincas esta anulación.

A través de un comunicado, el gobierno de Movemento Salceda ha apuntado que todavía no tiene comunicación oficial por parte de la sentencia, en la que la parte demandada es el Ministerio de Hacienda, por una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional, TEAR/Catastro. En todo caso, ha explicado que, llegado el momento, si habrá que revisar finca por finca en todas las reclamaciones porque cada una tiene una situación particular.

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Según ha recordado, la revisión catastral recoge las parcelas definidas como 'no urbanizables de núcleo rural' en las normas subsidiarias de 1997, aprobadas en su momento por el PP, y Movemento Salceda "intentó solucionar este problema con la elaboración de un PXOM en 2016", un nuevo plan que "fue tumbado por PP y PSOE" antes de su aprobación inicial.

Por otra parte, ha advertido de que las afirmaciones de la Plataforma Vecinal Contra o Catastrazo y sus letrados, animando a miles de vecinos a demandar la devolución del IBI, "podrían en riesgo las 115 licencias de obra concedidas desde la entrada en vigor de la Lei do Solo y las 44 pendientes de concesión", que no serían posibles si se aplica la sentencia a la totalidad de las parcelas.

En este escenario, el gobierno local ha apelado a la "prudencia" y a evitar "afirmaciones falsas" porque la sentencia del TSXG "afecta a un caso concreto" y "no anula la revisión catastral". "Cada parcela tiene una casuística diferente y no se puede afirmar que todas ellas están afectadas", han señalado fuentes municipales, y han añadido que puede haber vecinos a quienes no les interese que sus parcelas sean declaradas como rústicas.

Finalmente, tras insistir en que "no es cierto que cualquier persona pueda solicitar la devolución de sus pagos del IBI", el gobierno local ha afirmado que respeta las decisiones de la Justicia y actuará en consecuencia cuando tenga que hacerlo, sin tomar "decisiones precipitadas".