Suspendida la licencia para el centro de asociacionismo de Vigo hasta aclarar la titularidad del inmueble

El Concello de Vigo ha decidido suspender cautelarmente la licencia otorgada a la Xunta para reformar uno de los antiguos edificios judiciales de la ciudad, el situado en el número 4 de la calle Lalín, en el que la administración autonómica prevé crear un centro para asociaciones y entidades sociales, tras constatar que el inmueble figura en el Registro de la Propiedad como de titularidad municipal.

Según ha explicado la concejal de Urbanismo, María José Caride, en unas declaraciones remitidas a los medios, la licencia fue concedida en noviembre pasado (aunque fue solicitada en febrero por la Xunta, que tuvo que enmendar diversos requerimientos del Concello antes de la concesión) y ahora, la administración municipal "tuvo conocimiento de que el suelo donde se construyó el edificio objeto de las obras es de propiedad municipal" y así figura inscrito en el Registro de la Propiedad.

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Asimismo, ha señalado que no consta ningún otro título de la administración autonómica "distinto del traspaso general de competencias de la administración del Estado en materia de Justicia" a la Xunta, por tanto, esa cesión "se circunscribe expresamente a la edificación levantada sobre la finca registral municipal, no al suelo", y se ciñe a los usos previstos (judiciales).

María José Caride ha incidido en que la construcción de un edificio para otros usos diferentes, como sería el caso, "podría suponer un perjuicio para el interés público municipal" y "generar responsabilidades administrativas y legales". Por ello, la Gerencia de Urbanismo ha decidido, como "medida cautelar", suspender el plazo de inicio de las obras, pero "no es una anulación" de la licencia, según ha matizado la concejal socialista que, por otra parte, ha puntualizado que la Xunta "es perfectamente conocedora" de esta situación, porque pidió al Registro de la Propiedad "que acreditase quién era titular" del inmueble.

Caride ha remarcado que la decisión de suspender el plazo de obras de esa licencia responde a la necesidad de "garantizar" el interés público, y ha reitarado que es "cautelar" en tanto no se "determine en derecho la propiedad del inmueble".

Respuesta de la Xunta

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha lamentado que esta decisión "es otro ejemplo de los que pasa en Vigo en los últimos años". "Es la prueba de que el alcalde necesita un enemigo exterior con el que estar en continuo enfrentamiento", ha señalado.

Según ha explicado, la Xunta acaba de recibir la notificación del consistorio sobre la suspensión de licencia, "porque consideran que el edificio puede pertenecer al Concello", y ha pedido a Abel Caballero "que deje esta postura, que no beneficia a Vigo ni a las entidades a las que va destinado el edificio".

Tras recordar que la reforma del inmueble tiene prevista una dotación de 24 millones de euros, ha insistido en que las inversiones de la Xunta en la ciudad olívica "no son para atacar al alcalde, sino para mejorar la calidad de vida de los vecinos". "Otras ciudades ponen un 'puente de plata' para hacer inversiones, en el caso de Vigo, cada vez que la Xunta quiere invertir, se ponen todo tipo de trabas y de disculpas", ha censurado.

Diego Calvo ha explicado que "esto no va a hacer más que retrasar esa inversión", cuando hay "muchísimas" entidades sociales, vecinales o deportivas que están esperando para tener un local en el nuevo edificio.

Dado de alta en el inventario de bienes autonómicos

Fuentes autonómicas han matizado que el edificio de la calle Lalín fue transferido por el Estado "en propiedad y sin vinculación de destino" y que tanto la parcela como el propio edificio fueron dados de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma, "sin condicionamiento de ningún tipo" y también se dio de alta en el Catastro inmobiliario a nombre de la Xunta que, de hecho, en 2024 pagó 41.240 euros en concepto de IBI.

Igualmente, han apuntado que la licencia concedida (y ahora suspendida) contemplaba como requisito la cesión de 79 metros cuadrados para ampliar la calle Lalín. "Esta condición afianzaba el posicionamiento de la Xunta en lo que respecta tanto a la titularidad de la edificación como la titularidad de la parcela", han señalado desde la Xunta.

Según han indicado las mismas fuentes, para inscribir la totalidad de la parcela en el Registro (y luego segregar y ceder la parte solicitada), la Consellería de Facenda otorgó audiencia al Concello, que "se opuso a la inscripción registral argumentado que la parcela es titularidad del Concello". Finalmente, inciden en que la ley 5/2011 establece que los inmuebles de uso público que tenga una administración "poseídos a título de dueño" durante más de 10 años, pendientes de regularización jurídico-patrimonial, "se integrarán definitivamente en sus respectivos patrimonios como de su propiedad".