Un estudio de la OCU sitúa a Vigo como la ciudad gallega con la tarifa de agua más cara

Vigo se sitúa como la ciudad gallega con el agua más cara, con un gasto medio de 305 euros al año por hogar, tras subir su precio un 14,9% desde 2020, registrando a su vez el mayor incremento de entre las grandes urbes de la Comunidad.

Así se desprende de un estudio comparativo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la factura del agua en 54 ciudades españolas, que ha sido presentado este jueves.

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En lo que se refiere a Galicia, todas las urbes analizadas se posicionan con un precio por debajo de la media nacional (306 euros al año), aunque con "significativas diferencias" entre localidades.

Así, en Ourense los ciudadanos pagan de media 180 euros al año por el servicio de agua, mientras que en Lugo esta cifra asciende a 216 euros y en Pontevedra, a 261 euros. En A Coruña, el coste medio es de 264 euros, mientras que Vigo ronda la media nacional, con 305 euros.

A nivel nacional, Barcelona se sitúa como la ciudad con el agua más cara, con 520 euros de media, seguida de Murcia (495 euros) y de Alicante, con 490 euros. En el extremo opuesto están Ourense (180 euros), Palencia (166 euros) y Guadalajara (164 euros).

Las diferencias de precio, presentes en la Comunidad Autónoma y a nivel nacional, afectan tanto a los costes de saneamiento como de suministro del agua, pero también se explican por la complejidad del sistema de bloques de tarificación, con entre dos y ocho bloques distintos dependiendo del consumo del hogar. Y siguiendo por su disparidad, por ejemplo, el primer bloque, el más económico, puede cubrir entre 24 y 240 metros cúbicos de agua al año según la localidad. Si además el coste fijo del agua en el municipio es muy alto, consumir más influye menos en la factura y por lo tanto se desincentiva el ahorro de agua.

Por todo ello, OCU exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que impulsen una armonización de las tarifas municipales del agua, de modo que sean transparentes, comparables y sencillas (con tres o cuatro bloques de consumo como máximo) que garanticen un precio accesible para un consumo básico, al tiempo que penalicen un consumo excesivo de agua. Pero también exige que se promueva una tarifa reducida y única para los hogares vulnerables, independientemente de la localidad en la que residan.