A juicio dos empresarios en Vigo por cobrar una obra que nunca realizaron

Dos constructores, que serán juzgados en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo) este martes, se enfrentan a 3 años de prisión, por apropiarse del dinero de un cliente, en cuya vivienda habían acordado hacer una obra, sin llevar a cabo los trabajos comprometidos.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en mayo de 2021, cuando el perjudicado contrató una obra en su vivienda de la parroquia viguesa de Candeán, con la empresa de uno de los acusados. Los trabajos fueron presupuestados en 13.000 euros y el cliente hizo una transferencia de 5.000 a la empresa constructora.

Másnoticias

El Concello pide el cambio inmediato de las válvulas de Eiras y la Xunta pide una reunión el martes

15/11/2025

Arranca la Navidad de Vigo con un mensaje para Palestina y un cortocircuito que casi arruina el encendido

15/11/2025

El acusado no inició los trabajos, alegando problemas de permisos municipales y falta de empleados. En abril de 2022, el perjudicado reclamó la devolución del dinero y el acusado le dijo que se lo había gastado y que estaba pendiente de cobrar otros trabajos para iniciar la obra.

En julio, entra en escena el segundo acusado, administrador de otra empresa, que se ofreció a realizar la obra, y le pidió al cliente otra transferencia, por 7.200 euros, tras un cambio en los materiales y el presupuesto. La víctima realizó la nueva transferencia y, una vez que este segundo acusado recibió el dinero, lo transfirió a otra empresa para la compra de materiales (panel de teja y placas tipo 'sandwich'. Además, le entregó al otro acusado una cantidad indeterminada de dinero para hacer el trabajo.

Ninguno de los acusados llegó a ejecutar la obra contratada y tampoco devolvieron el dinero al cliente, al que le dejaron adeudados 8.900 euros (una vez descontados los 3.300 euros de los materiales, que sí entregaron).

Por estos hechos, el ministerio público los acusa de un delito de apropiación indebida, y pide para cada uno de los constructores 3 años de prisión y multa de 3.240 euros. También reclama que los procesados, y la empresa del primero de ellos, indemnicen al perjudicado en un total de 17.800 euros.