Economía y Trabajo pactan tramitar la reducción de la jornada vía urgente sin modificar el texto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han acordado tramitar el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales por el trámite de urgencia, aunque este trámite todavía debe aprobarse en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (Cgseys) que se celebrará esta semana.

Así lo han confirmado fuentes de Trabajo a Europa Press tras la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (Cdgae) que ha tenido lugar este lunes, donde Economía y Trabajo iban a debatir sobre el texto de reducción de jornada después de semanas de desencuentros en esta materia.

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De esta manera, el Gobierno pisa el acelerador para conseguir que la reducción de la jornada se apruebe vía urgente el martes de la próxima semana en el Consejo de Ministros, tal y como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que se haría.

Fuentes de Economía han defendido que desde el departamento dirigido por Cuerpo siempre han apostado por aprobar la medida "cuanto antes" y que se tramitara "a la mayor velocidad posible". De igual manera, han reiterado el compromiso y voluntad de todo el Gobierno para que se adopte la reducción de la jornada laboral.

Además, el Ministerio de Economía ha aceptado también este lunes no modificar el texto que Trabajo acordó con las organizaciones sindicales para llevar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 desde las 40 horas semanales actuales.

De esta manera, la medida podrá cumplir con los plazos y, si consigue el visto bueno del Congreso de los Diputados, podrá aplicarse antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo para el Gobierno de coalición.

Además, desde Economía han recordado que en la tramitación parlamentaria el texto podrá someterse a modificaciones, para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios, para tener en cuenta la realidad parlamentaria y la de las empresas, especialmente de las pymes "siendo oportuno barajar medidas de flexibilidad y acompañamiento para que la reducción de jornada sea una realidad efectiva cuanto antes".

"Es importante maximizar las garantías para que la reducción de jornada sea sostenible en el tiempo, contemplando la introducción de elementos de flexibilidad, en particular para nuestras pymes, que asumirían más del 50% del impacto de la medida", han destacado estas mismas fuentes.