La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha asegurado este domingo que espera que la sociedad de vivienda pública anunciada esta semana empiece a funcionar antes de que termine el 2024.
En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, la representante autonómica ha explicado que están realizando el "proceso de escisión" de la entidad de Xestión do Solo de Galicia (Xestur). La nueva sociedad, ha detallado, se encargará tanto de la gestión como de la construcción de vivienda de promoción pública.
Por otro lado, ha defendido otras medidas "a corto plazo" impulsadas por la Xunta en relación con la vivienda. En concreto, ha señalado que llevan "más de 1.600 nuevas viviendas en distintas fases" y, en paralelo, trabajan en la rehabilitación de viviendas y en ofrecer alquiler social.
También ha mencionado otras ayudas destinadas a la juventud, como los alojamientos compartidos para menores de 36 años "pensados para la primera emancipación". A este respecto, cuestionada por los apartamentos anunciados en la rúa Xoán XXIII, en Santiago de Compostela, la conselleira ha afirmado que la gestión será de la Xunta, por lo que ha negado que puedan convertirse en pisos turísticos.
Precisamente, sobre las viviendas de uso turístico (VUT), Martínez Allegue ha rechazado que en Galicia exista tensión en los alquileres por causa de las VUT. Para la responsable de Vivenda, "el problema" en la comunidad gallega "no es tal" y no lo ve comparable a lo que sucede en "Canarias, Andalucía o Baleares".
En este sentido, ha recordado que las competencias para regular los usos "están en los ayuntamientos". En todo caso, ha pedido "no demonizar esas viviendas". "Tenemos que compatibilizarlo y regularlo asegurando la compatibilidad residencial y de turismo", ha aseverado.
Preguntada por un posible pacto por la vivienda, la conselleira ha afirmado que la administración autonómica ya se ha sentado con los principales actores: asociaciones, cooperativas, promotores, gestores y ayuntamientos.
En materia de infraestructuras, la también responsable de esta área ha expuesto que todavía no conoce cuánto subirán los peajes de las autovías de titularidad autonómica, ya que todavía se desconoce el IPC interanual. Sin embargo, ha reivindicado que su departamento tiene consignados "5,5 millones para mantener las bonificaciones".
Por otra parte, ha defendido el rescate de cuatro autovías autonómicas que tenían peaje en sombra "en beneficio del interés general" y porque "suponían un canon a las concesionarias que lastraban una deuda", y ahora, ha asegurado, se destinará ese dinero a "nuevas políticas públicas de infraestructuras y vivienda".
Además, ha vuelto a demandar la transferencia de la AP-9 a Galicia y ha sostenido que ya solicitó varias veces reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para tratar temas de interés en materia de movilidad y transportes, pero por el momento no ha obtenido respuesta.
En este sentido, ha reprochado que desde el Ministerio "se está perjudicando mucho" a Galicia, también con "el mantenimiento y conservación de las carreteras estatales, que están en un estado lamentable".
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