Piden 4 años de cárcel y 8 millones de multa para un empresario de Tomiño acusado de blanqueo

La Fiscalía pide 4 años de cárcel y 8 millones de euros de multa para un empresario de Tomiño al que acusa de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, y que será juzgado, junto a su exmujer, su madre y su sobrino, este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

El Ministerio Público atribuye a este empresario, que era dueño de un concesionario de coches de alta gama en A Guarda, un delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, mientras que considera a sus familiares cooperadores necesarios en la comisión de ese delito.

Másnoticias

Arrancan en A Guarda las emblemáticas Festas do Monte con verbenas, desfile y fuegos artificiales

04/08/2025

El icónico claustro de la Catedral de Tui se convierte en escenario de intimistas conciertos

02/08/2025

El principal acusado fue condenado por tráfico de drogas por un tribunal alemán en 1991 y, más recientemente, la Audiencia de Pontevedra lo condenó a 8 años de cárcel y multa de 354.600 euros por el mismo delito.

Como consecuencia de esa actividad delictiva, sostiene la Fiscalía, este empresario se ha venido enriqueciendo y ha llevado a cabo diversas inversiones y operaciones con el dinero obtenido, "estableciendo todo un entramado de personas interpuestas, sociedades y otras formas jurídicas diversas, con la única finalidad de ocultar y evitar que el producto de esa actividad ilícita llegara a figurar en algún momento a su nombre".

En su escrito de acusación, el Fiscal también señala que, con este proceder, el acusado permitía la entrada de capital procedente del narcotráfico en el tráfico mercantil gracias a la ocultación de su origen y así conseguía "crear una apariencia de licitud de los ingresos de aquella ilícita procedencia".

Cooperadores "conscientes"

Los otros tres acusados, su exmujer, su madre y un sobrino, "participaron en diversos negocios jurídicos tendentes siempre a ocultar la verdadera titularidad de los bienes, al simular ser propietarios de los que realmente pertenecían al acusado", y todo ello "siendo conscientes" del origen ilegal del dinero.

Según señala, el sobrino participó en la constitución de una inmobiliaria que luego adquirió diversas propiedades en Baiona, Torrevieja, y O Rosal. Asimismo, expone que el autor directo del delito y su entonces esposa adquirieron un concesionario que era utilizado para blanquear el dinero y, a través de esta empresa, hicieron entrar en el tráfico mercantil más de 1,7 millones de euros procedentes del narcotráfico.

Con respecto a la mujer, apunta que accedió también a figurar como titular de diversos bienes pagados con dinero ilícito: una casa en A Guarda, y un coche de alta gama. Asimismo, entre 2007 y 2012 esta acusada realizó ingresos en efetivo en sus cuentas por importe de casi 60.000 euros, también procedentes del tráfico de estupefacientes; y en ese mismo período pagó más de 29.000 euros en concepto de seguro de vida.

El matrimonio también adquirió en 2009 otra vivienda en A Guarda, y la mujer constituyó ese año tres depósitos bancarios por casi 48.500 euros. De la madre del acusado, la Fiscalía afirma que consintió en figurar como titular de un piso en Tomiño, que realmente era de su hijo.

A estas operaciones se suman otras realizadas directamente por el empresario acusado, como la compra de una lancha, la compra de 18 vehículos, o la compra de un reloj valorado en más de 3.000 euros.

Ingresos no acordes con las operaciones

Según el ministerio público público, entre 2007 y 2011 los ingresos oficiales y legales del empresario, según los datos de Hacienda nunca llegaron a los 20.000 euros anuales; en el caso de su exmujer, sus retribuciones apenas llegaban a 8.000 euros anuales, igual que los de su madre.

Por todo ello, considera al empresario autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y pide que sea condenado a 4 años de prisión y al pago de una multa de 8 millones de euros. Para el resto de acusados pide 3 años y medio de cárcel y multa de 8 millones.