La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para cada uno de los tres responsables de una obra en Vigo, a quienes acusa de un homicidio por imprudencia grave, por el fallecimiento de un operario en 2017, debido a la falta de medidas de seguridad.
El juicio se celebrará este jueves en la sala de lo Penal 2 de Vigo, donde se sentarán en el banquillo el jefe de obra, el encargado y el responsable del plan de seguridad y salud de esos trabajos, realizados con motivo de la construcción de un edificio de viviendas en la calle Arquitecto Palacios, con la Avenida de Castrelos, en la ciudad olívica.
Los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2017, cuando la víctima estaba ayudando al conductor de un camión grúa a realizar tareas de carga y descarga en la obra, situándose entre el cierre metálico del recinto de los trabajos y un talud de unos 8 metros de altura. En un momento determinado, por motivos que no se conocen, el hombre, de 59 años de edad, perdió el equilibrio y cayó al vacío, sufriendo heridas muy graves, que le provocaron la muerte.
La Fiscalía sostiene que el accidente ocurrió, fundamentalmente, porque no se adoptaron medidas de seguridad colectiva ante el riesgo de caída de altura, usándose solo una valla removible de 90 centímetros. Así, expone en su escrito que los tres responsables de la obra actuaron con "inexcusable negligencia", incumpliendo las previsiones del plan de seguridad, y sin ejercer control o vigilancia ante los riesgos.
Asimismo, señala que la maniobra de carga y descarga del camión-grúa se hizo de modo "inadecuado y inseguro", ya que el vehículo se encontraba fuera del recinto de la obra y la persona que lo manejaba no tenía visibilidad para maniobrar. De hecho, por eso la víctima estaba haciendo la labor de indicarle las maniobras.
Por estos hechos, acusa al jefe de obra, al encargado y al responsable del plan de seguridad de un delito de homicidio por imprudencia grave, en concurso con un delito contra los derechos de los trabajadores.
La Fiscalía pide para cada uno de ellos 2 años y medio de cárcel, y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer esas funciones en las obras. Con respecto a la responsabilidad civil, establece que no procede, toda vez que la mujer y los hijos del fallecido ya fueron indemnizados por las compañías aseguradoras de los acusados.