Un letrado de la administración de justicia (LAJ) acusado de apropiación indebida por haber sustraído 241.000 euros del juzgado de Vigo en el que trabajaba, ha aceptado un año de prisión y 360 euros de multa en la vista de conformidad celebrada este jueves en la sección quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra con sede en Vigo.
Francisco R.G. ha sido condenado por un delito continuado de apropiación indebida y se le han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño (ha devuelto parte del dinero), drogadicción y confesión, así como la agravante de abuso por parte de funcionario público.
Además de la pena de prisión y de la multa, Francisco R.G. será inhabilitado, aunque ya está jubilado, y deberá abonar algo más de 28.000 euros para completar la devolución del dinero sustraído. Inicialmente, la Fiscalía pedía para él 4 años de prisión y otros tantos de inhabilitación.
El tribunal se ha mostrado favorable a la suspensión de la pena durante un período de cinco años, siempre y cuando en ese tiempo el procesado no vuelva a delinquir, devuelva el dinero que le falta por reponer y acuda a desintoxicación a su centro de referencia.
En esta vista también han aceptado penas menores (6 meses de prisión) dos de sus cómplices, Ventura M.P., y Xabier D.P., que también evitarán el ingreso en la cárcel. En su caso, la ejecución de la pena queda suspendida por 2 y 5 años respectivamente. Un cuarto acusado no se ha presentado al juicio.
Los hechos reconocidos por los procesados y recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía ocurrieron entre 2019 y 2021, cuando este funcionario (antes denominados secretarios judiciales) desempeñaba su labor en un juzgado de primera instancia de la ciudad olívica.
Así, "abusando de su cargo y de sus funciones", y puesto de acuerdo con otras tres personas en un "plan preconcebido", expidió de forma irregular "y sin amparo ni causa legal ni justificación alguna" diferentes mandamientos de devolución desde la cuenta bancaria del juzgado, en favor de esas tres personas, también acusadas y consideradas por la Fiscalía cooperadoras necesarias del delito.
En el escrito de acusación se recoge que este secretario judicial expidió mandamientos de pago a uno de los acusados que sumaron unos 33.240 euros; en favor de otro, los pagos sumaron casi 135.000 euros; en favor de otro acusado, expidió mandamientos de pago que sumaron 30.061 euros; otros casi 32.000 euros en favor de la hermana de uno de los acusados; y otros mandamientos de pago en favor de personas del entorno de los procesados por más de 10.700 euros.
En total, la Fiscalía estima que este LAJ se apropió de casi 241.000 euros, aunque ya ha devuelto unos 170.000 euros.
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