El PP amenaza a Caballero con “consecuencias penales” si no acude a la comisión de O Marisquiño

El portavoz de la Comisión de Investigación de O Marisquiño, el diputado del Partido Popular Alberto Pazos, ha anunciado hoy que las comparecencias se retoman la próxima semana, y ha alertado de las “consecuencias penales de no comparecer”. En este sentido, ha detallado que “los servicios de la Cámara han enviado las citaciones a los distintos comparecientes, en la que se les hace constar la obligación legal de atender este requerimiento, y las consecuencias penales de una posible negativa”.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, está citado para el 19 de febrero, mientras que el presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga, deberá asistir el día 21 del mismo mes. También se ha solicitado la comparecencia, entre otros, de los concelleiros de Seguridad, Carlos López Font; Urbanismo, María José Caride; Fiestas, Ana Laura Iglesias; y Patrimonio, Javier Pardo; así como del secretario municipal. Además, también comparecerán el exalcalde de Vigo Carlos Príncipe, los jefes de las áreas de infraestructuras y explotación del Puerto de Vigo, y otros técnicos externos.

El portavoz de la Comisión ha considerado que “Caballero y su equipo están demasiado nerviosos y más centrados en atacar al Parlamento que en defender el derecho de las víctimas a conocer la verdad”. “Le pido al señor Caballero que se deje de excusas y colabore, que, ya que no parece que hiciera demasiado para evitar el accidente, por lo menos haga algo para aclararlo. La justicia debe hacer su trabajo; y las instituciones el suyo, y determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades políticas y medidas a implementar”, ha concluido.

El Partido Popular quiere forzar la asistencia a la comisión del gobierno municipal tras el “boicot de los socialistas”, un hecho “deleznable e intolerable” ya que “se negaron a crear la Comisión en el Concello y a informar a las víctimas y al Parlamento”. Por ello, los populares apelan al artículo 502 del Código Penal, en el que se establece que aquellos que, “siendo requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaran de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos de delito de desobediencia” que, como señala, conlleva una posible pena de inhabilitación de entre 6 meses y 2 años.

Junto al avance de las próximas comparecencias, el portavoz de la Comisión ha valorado los trabajos ya realizados, entre los que ha destacado la comparecencia del director de AXEGA, “que nos aportó novedades tan sorprendentes como que no se activó el Plan de Emergencias Municipal, o que el Concello de Vigo no tiene a disposición de la AXEGA un teléfono de contacto fuera del horario de oficina”.

Asimismo, y como ha recordado, el director de la EOXI dio cuenta del “excepcional funcionamiento de los servicios médicos” ante una emergencia de esta magnitud; y el representante de las víctimas, “además de recibir los ataques y descalificaciones del único partido que se ha negado a escucharlos, destacó el abandono que están sufriendo por parte del Concello de Vigo”.

“Carece de potestad”

Desde el gobierno local, el concelleiro de Seguridad, Carlos López Font, salió al paso de las acusaciones del portavoz de la comisión de O Marisquiño aludiendo a su “partidismo político”. El Concello de Vigo insiste en considerar que se trata de “una grave interferencia en la autonomía local”.

Con respecto a la petición de declaraciones,  López Font evitó esta mañana aclarar si los citados -entre los que él mismo se encuentra- acudirán a la cita. “Se han realizado una serie de convocatorias en las que cada uno de los que hemos sido convocados manifestaremos en su momento nuestra posición”, adelantó el socialista.

El concelleiro de Seguridad aludió esta mañana a que COSITAL (Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) considera que “hay que dejar trabajar a la justicia“.  Font recordó que el secretario municipal sostiene que la comisión de investigación “carece de potestad” y por lo tanto “no resulta obligado atender el requirimiento” de documentación.