La FGAMT-CIG denuncia que la empresa de reparto de comida a domicilio Just Eat Takeaway va a llevar a cabo una serie de despidos en el marco del proceso de reestructuración interna del área de operaciones iniciado hace unos dos año. Señalan que esta decisión se toma "en la lógica de la compañía de aumentar beneficios precarizando las condiciones laborales".
En un comunicado denuncian "no realiza nuevas contrataciones en este departamento, al tiempo que ha ido aumentando la carga de trabajo del personal". Ahora, critican, va a aplicar un ERE para 60 personas en el conjunto del Estado -que en Galicia afectará a 4 personas en A Coruña y a 3 en Vigo- "con el objetivo de deslocalizar las labores de coordinación a Polonia".
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Aseguran que, con anterioridad, un coordinador en Vigo gestionaba únicamente la ciudad, con unos 50-60 personas repartidoras. A día de hoy, ese mismo coordinador está gestionando Vigo, Ourense, A Coruña, Oviedo, Gijón, y múltiples zonas de Madrid, superando las 500 personas repartidoras. Además, es habitual que en el mismo turno tenga que cubrir funciones del personal coordinador de otras ciudades, según denuncia FGAMT-CIG.
A esto se le ha ido sumando carga adicional que no corresponde al puesto original, explican: tareas de IT, facturación, gestión de flota, gestión de pedidos, entre otras. "Es decir, fueron ampliando funciones sin reforzar personal, concentrando todo en menos personas", tal y como señalan desde la representación de la CIG en la empresa. En paralelo, empezaron a desviar progresivamente funciones a Polonia, donde están centralizando la operativa. La previsión es que allí asuman completamente estas funciones, lol que implica en la práctica la eliminación de los puestos de operaciones en España.
"Desde nuestro punto de vista, la finalidad es clara: reducir costos trasladando la actividad a un país con salarios más bajos y con una regulación laboral más flexible, eliminando aquí la estructura operativa. Además, esta descentralización también debilita la estructura sindical en el Estado, dejando las personas repartidores y trabajadoras más aisladas", trasladan en el comunicado.
En este contexto, denuncian que la dirección se niega a negociar con la plataforma de personas afectadas por el ERE y limita la interlocución a una mesa de 13 personas designadas los por los sindicatos de mayor representación estatal: "Se trata, en muchos casos, de perfiles ajenos al colectivo directamente afectado (principalmente personas repartidoras), vinculados a estructuras sindicales que ya participaron en acuerdos anteriores bastante cuestionados dentro de la empresa".