El juez imputa al dueño de la atracción y a la edil de seguridad por el accidente del Saltamontes de Vigo

Fin de la instrucción judicial de la causa por el accidente mortal del Saltamontes en las fiestas de Matamá. El juez de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, plaza 3, ha concluido la investigación de lo sucedido en agosto de 2024.

En un auto notificado este jueves ordena que se continúa con la tramitación de las diligencias, por el procedimiento abreviado, por si los hechos imputados al propietario de la atracción y a la edil de Seguridad, Contratación, Festas y Xestión Municipal, Patricia Rodríguez Calviño, pudieran ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente, en concurso con un delito menos grave de lesiones por imprudencia grave.

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El juez, por tanto, insta a dar traslado de esta resolución al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Sobreseimiento de la causa para el resto

El juez, además, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa respecto al entonces presidente de la comisión de fiestas de Matamá, el jefe de la Policía Local y el jefe del área de Seguridad del Concello al entender que "no ostentan una posición de garante que les obligara jurídicamente a actuar para impedir el resultado".

"Expresamente desautorizada"

El juez explica en el auto que el Concello de Vigo informó al presidente de la comisión de fiestas sobre las atracciones que habían superado los trámites administrativos exigidos y entre ellas no se encontraba el saltamontes, "cuya puesta en funcionamiento había sido expresamente desautorizada". 

También señala que la concejalía de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal "no comprobó" que la atracción "estaba desarrollando su actividad con normalidad, ni ordinó el precinto". Además, indica que no se ha acreditado que se hubiera informado de esta circunstancia a la Policía Local por "los cauces habituales destinados a tal fin", "ni que le hubiera ordenado el precinto".

Según el auto, se desprende que el accidente fue causado "debido a un insuficiente par de apriete en los tornillos de sujeción del brazo que se desprendió, lo cual obligó a tales tornillos a trabajar a un esfuerzo de flexión repetitivo (fatiga) hasta que se produjo su rotura sucesiva". Como consecuencia de ello, señala el documento, falleció una persona y su pareja resultó herida.

En la resolución, el juez destaca que el dueño de la atracción, "a pesar de ser conocedor de la resolución administrativa" que impedía su puesta en funcionamiento, "operó en las fiestas patronales sin título habilitante". Por ello, señala que existen indicios racionales para sostener que el investigado "tenía un deber específico de garantizar su correcto funcionamiento y seguridad", que incluía "el el mantenimiento técnico adecuado y la revisión periódica de todos sus componentes mecánicos, máxime tratándose de una instalación de carácter itinerante destinada al uso público". El juez señala que “la omisión de esta diligencia básica constituye una grave infracción del deber de cuidado que le era exigible al propietario”, la cual generó “un riesgo no permitido, que finalmente se concretó en el fatal resultado de muerte”.

En lo que se refiere a la concejala, subraya que "su deber de actuar no emanaba de una mera obligación genérica, sino de las competencias específicas que le atribuye la normativa administrativa”. Así, recalca que, “al tener conocimiento fehaciente de que la atracción podría operar de forma irregular y, por tanto, sin las garantías de seguridad exigibles”, tenía “el deber jurídico ineludible de adoptar las medidas necesarias para neutralizar ese riesgo, como la orden de cese inmediato de la actividad o su precinto”.

En el auto, el juez asegura que “la remisión de un correo electrónico a la Policía Local, sin el respaldo de un acto administrativo formal y ejecutivo, se revela como una medida manifiestamente insuficiente e ineficaz, constituyendo una omisión de la diligencia debida”. Por ello, concluye que “existen indicios racionales para considerar que la omisión de la investigada es penalmente relevante y que su conducta imprudente contribuyó causalmente al resultado, existiendo indicios de criminalidad contra ella”. El auto no es firme, pues cabe presentar recurso.