El maquinista y el exdirector de seguridad de Adif, en el banquillo de los acusados nueve años después

El próximo miércoles 5 de octubre arranca el juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española, el del tren Alvia que hace nueve años y más de dos meses provocó 80 muertos y 145 heridos en el barrio compostelano de Angrois.

Casi una década después de lo ocurrido se sentarán en el banquillo de los acusados el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif, a los que la justicia imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.

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Para ello, y teniendo en cuenta el elevado número de partes personadas, la Xunta ha habilitado un amplio dispositivo en la Cidade da Cultura, con el objetivo de favorecer tanto la presencia de los interesados como la cobertura informativa.

Fiscalía pide para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif cuatro años de prisión, al igual que la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente. Además, el Ministerio Público demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado, Andrés Cortabitarte, sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.

Por su parte, el abogado que defiende a Francisco Garzón, el conductor del tren aquella jornada, solicita la libre absolución, al entender que “la clave” para que se produjera el siniestro está en la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea entre Ourense y Santiago.

Garzón estuvo de baja por accidente laboral desde que se produjo la tragedia, el 24 de julio de 2013, hasta 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión en talleres de material rodante. Recientemente se ha prejubilado.

También rechaza responsabilidades la defensa del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio la línea (lo estuvo de 2006 a 2013). Después, Cortabitarte fue reubicado por la empresa pública, pero se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando presentó su renuncia y pasó a tener la categoría de técnico especialista, con la que accedió a su plaza.

Una larga instrucción

Un mes antes, en abril del año pasado, la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó el cierre de la instrucción por parte del juez Andrés Lago Louro, que heredó la causa de Luis Aláez –quien en su día imputó a la cúpula de Adif–.

Lago Louro dio por primera vez carpetazo a esta larga investigación, con múltiples retrasos, en octubre de 2015 y lo hizo con el maquinista como único imputado. Sin embargo, los magistrados de la Audiencia le marcaron otro camino y en diciembre de 2018 volvió a cerrarla ya con Garzón y Cortabitarte como presuntos responsables. Más tarde, una denuncia de un extrabajador de Talgo obligó a reabrir la causa, que el instructor concluyó, ya de manera definitiva, en septiembre de 2020. De julio de 2021 es el auto de apertura de juicio oral.

La defensa de Garzón y las víctimas

Casi diez años después, ¿qué esperan las partes del juicio? En declaraciones a Europa Press, el abogado que ejerce la defensa de Garzón, Manuel Prieto, señala que confía en que “se aclare toda la verdad” y “se determinen las causas del accidente”. “Que era una línea carente de análisis de riesgo y sin sistemas de seguridad es la esencia y la causa principal”, subraya. Prieto presentó escrito de defensa en la que pide la libre absolución de su representado y aspira a que esta solicitud pueda mantenerse tras la celebración del juicio de manera definitiva.

Por parte de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, el portavoz de la asociación, hace hincapié en que lo que buscan es “que la gente conozca la verdad” de lo sucedido, “a mayores de depurar responsabilidades”.

De hecho, este lunes se concentran ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, “por sus mentiras y maniobras de ocultación”, después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la “gravedad” de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español.

Arranca el Juicio

El juicio comenzará el 5 de octubre a las 9,30 horas con la práctica de la acción penal, la cual está previsto que finalice el 10 de febrero de 2023, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En concreto para los días 5, 6 y 7 de octubre está previsto el desarrollo de las cuestiones previas y la declaración de los acusados, Garzón y Cortabitarte.

El inicio de la práctica de la acción civil está señalado el 14 de febrero de 2023. A partir de ese día –14 de febrero– se reservan los martes, miércoles y jueves para la prueba documental, las conclusiones y los informes. Todas las sesiones comenzarán a las 9,30 horas.

El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos (sin perjuicio de que las partes desistan de alguna testifical antes o durante el juicio). Declararán una media de 15 testigos al día y de tres testigos/peritos por sesión. Durante los últimos meses, algunas partes como QBE y el abogado del maquinista presentaron ampliaciones, a modo de actualización, de sus informes periciales.

Según el TSXG, se ha señalado, en la mayoría de los casos, una intervención por día de cada uno de los peritos que testificarán en la acción penal debido a la amplitud y complejidad de sus informes. En la acción civil declararán entre cinco y diez por sesión.

La magistrada María Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, es la responsable de la preparación y celebración del juicio oral, así como de dictar sentencia. Hay 446 personas perjudicadas que reclaman, las cuales están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Además, hay 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá el Ministerio Fiscal. Estos datos, según precisa el TSXG, fueron recogidos cuando las partes presentaron sus escritos de calificación, es decir, antes del auto de apertura de juicio oral, sin perjuicio de que en los últimos meses se haya producido algún desistimiento.