El PSOE asegura que el alcalde de A Guarda recibió de forma ilegal 4.425 euros de la Diputación

El Partido Socialista de Pontevedra ha asegurado que informes técnicos emitidos por los servicios de recursos humanos de la Diputación de Pontevedra confirman que el alcalde de A Guarda, Roberto Álvarez Carrero (PP), registró de forma ilegal 4.425 euros de la institución provincial pese a contar con una dedicación exclusiva remunerada con 54.000 euros al año.

En un comunicado, los socialistas recuerdan que "destaparon esta irregularidad" registrando un escrito el 5 de febrero que fue contestado por la Diputación en una respuesta en la que se incluye la resolución, firmada por el diputado responsable del área de Persoal, Jesús Vázquez Almuiña, ocho días después. El PSOE señala que Almuiña, que no supervisó correctamente estos pagos con anterioridad, se vio en la situación de tener que ordenar a su compañero la devolución de 3.781,69 euros, cifra que se corresponde con el líquido ingresado una vez deducida la retención provisional por el IRPF.

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"Los técnicos provinciales confirmaron que Carrero recibió irregularmente de la Diputación 200 euros en septiembre, 2.750 en octubre y, finalmente, 475 euros en noviembre por participar en los plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas". Además, señalan que cobró la mensualidad de 3.956 euros de su salario como diputado con dedicación exclusiva.

La suma de todos estos conceptos, ha indicado, se tradujo en unos ingresos brutos de hasta 6.636 euros al mes, es decir, más que lo que percibe el propio presidente de la Diputación, Luis López. Con todo, los socialistas critican que Carrero afirmarse no haberse dado cuenta "hasta que el PSOE preguntó por el caso".

El portavoz socialista, Carlos Font, ha considerado que "queda demostrada la veracidad absoluta de los hechos denunciados por el PSOE, dado que cobró irregularmente en septiembre, octubre y noviembre por la asistencia a órganos colegiados de la Diputación, pese a contar con una dedicación absoluta". Además, ha censurado que, mientras percibía esos ingresos extraordinarios "quedó callado".

El PSOE sostiene que los informes prueban que no fue hasta el PSOE denunció la situación no se le obligó a reintegrar unos ingresos completamente ilegales. Por tanto, asegura que, de ningún modo, se puede considerar que el alcalde devolvió el dinero de forma voluntaria.

El grupo socialista recalca que el debate no es si hubo o no un error administrativo, sino el silencio de quien cobra durante tres meses lo que no es suyo. "Los errores administrativos se corrigen, pero los errores políticos tan graves como la ocultación de unos ingresos ilegales se corrigen con la dimisión", ha sostenido los socialistas, que exigen al PP que deje de culpar al funcionariado.