El Senado valida los cambios del PP en la ley de la AP-9 y la devuelve al Congreso

El Pleno del Senado ha aprobado este jueves los cambios introducidos por el PP en la ley de la AP-9 con el objetivo de deshacer el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG que hablaba de transferir no solo la gestión, sino la titularidad de la vía. La intención de los 'populares' es recuperar el "espíritu" de la norma que salió del Parlamento de Galicia, aunque el texto se ha remitido ahora al Congreso para que se pronuncie sobre las enmiendas.

De esta manera, el PP ha usado su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar el dictamen de la ley de la AP-9, en el que se han introducido hasta siete enmiendas de los 'populares' durante su paso por la Cámara Alta para "recuperar la literalidad del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia".

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UPN ha apoyado el dictamen, mientras que el PSOE, Vox, Junts, ERC, PNV y EH Bildu, entre otros, han votado en contra.

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Una vez convalidados estos cambios en el Senado, la norma debe volver al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre las enmiendas y se apruebe de manera definitiva. Previsiblemente rechazará estas modificaciones del PP, dada la mayoría que ya aprobó la ley de la AP-9 en la Cámara Baja.

En lo que respecta al debate, los grupos han mantenido la misma posición que han ido expresando durante todo el recorrido parlamentario: el PP ha defendido la necesidad de volver a la norma inicial del Parlamento gallego, mientras que PSOE y BNG han cargado contra los 'populares' por no haber desbloqueado antes la ley de la AP-9.

¿Qué dice el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG?

Aunque los socialistas habían presentado una enmienda en el Congreso que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley "la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la Comunidad Autónoma de Galicia".

Para ello, se determina que la Administración General del Estado y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Dicha propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

También concretará como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios, o addendas a los actuales.

Repercusiones económicas

Además, según el texto pactado, la Administración General del Estado conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".

¿Cuándo asumirá la Xunta los costes?

En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso".

Finalmente, las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad Autónoma no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y "cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".