El Supremo confirma la condena de un funcionario del Concello de Vigo por enchufismo

La Sala segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cinco años y tres meses de prisión impuesta por la Audiencia de Pontevedra a un funcionario del Concello de Vigo por "un plan urdido para la contratación oculta" de la cuñada de Carmela Silva, teniente de alcalde del Gobierno local y presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Francisco Javier Gutiérrez Orúe, que era jefe de Participación y Atención Ciudadana, dentro de la Concellería de Promoción Económica, Empleo y Participación Ciudadana del Concello de Vigo, cuando sucedieron los hechos, es considerado responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de Malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. También es condenado a inhabilitación absoluta por el período de nueve años y un día.

Másnoticias

El Concello de Vigo da luz verde al convenio con la Deputación para la reforma de la piscina de Teis

17/10/2025

Louzán deja en el aire que A Coruña sea sede del Mundial 2030 y no descarta a Vigo

17/10/2025

El Supremo ratifica también la condena a Ramón Comesaña Alonso, administrador de la empresa Imesapi, como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, éste como cooperador necesario, concurriendo en este acusado las atenuantes de dilaciones indebidas y analógica de colaboración, a las penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el periodo de dos años y seis meses.

Ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Concello de Vigo, en la suma de 108.147,22, más los intereses procesales del artículo 576 de la LEC, con declaración de responsabilidad civil subsididaria de Imesapi. La contratación al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo se hizo con la colaboración de Comesaña y la cobertura que suponía la entidad Imesapi, empresa que mantenía relaciones habituales con el Concello, según los hechos probados.