Fiscalía rebaja la petición de pena a los tripulantes del Karar y reafirma la acusación a Santórum

El fiscal Pablo Varela ha modificado sus conclusiones en el juicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas a bordo del buque 'Karar', en abril de 2020, para rebajar la petición de penas para los 15 tripulantes del barco (9 de Nepal, 5 de Bangladesh y un gallego, José Manuel B.G.), que confesaron su participación durante su declaración en esta macrovista.

Así, rebaja la solicitud de los 13 años y medio iniciales por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal a 7 años y medio para el tripulante gallego, (encargado de supervisar la carga y llegada de toda la droga), para el capitán y para el segundo al mando; mientras que para el resto pide 7 años y 3 meses de cárcel. Todos ellos admitieron en el juicio que sabían, al salir de Panamá, que iban a transportar cocaína con destino a Galicia, una droga que cargaron frente a las costas de Colombia.

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Mientras, las defensas de los tripulantes, además de la confesión tardía, alegan también la atenuante de dilaciones indebidas, y piden que la condena sea de 6 años. En el caso de los extranjeros, reclaman que se dicte sentencia y se declare firme cuanto antes, y que se sustituya la pena de cárcel que queda por cumplir (serían dos años, descontados los 4 años que pasaron en prisión preventiva) por la medida de expulsión inmediata de España.

En el caso de Juan Carlos Santórum y su entorno, y del resto de acusados, el Fiscal ha reafirmado su acusación y ha mantenido la petición de penas: 18 años y medio de cárcel y 438 millones de euros de multa para el arousano, considerado del 'cabecilla' de la organización; 19 años y medio para un exfuncionario de Aduanas, Pablo S.V., y su mujer, Mónica F.L. (a quienes también se les imputa el delito de blanqueo); 15 años y medio para José Yamandú R.G. (por imputarle también un delito de tenencia ilícita de armas) y 13 años y medio para el resto: Fidel F.B., Sergio F.O., Ricardo S.N., Xosé Emilio R.C.; los hermanos Marcos y Pablo G.V.; Ismael C.B., Braulio V.V.; y René R.R.

Pruebas "cristalinas"

El representante del Ministerio Público ha señalado que la investigación policial comenzó con el foco puesto en Fidel F.B., constructor de barcos y sospechoso de "proveer" de embarcaciones rápidas a organizaciones de narcotráfico, y los seguimientos permitieron constatar que Fidel "era el 'consigliere' y mano derecha técnica" de Juan Carlos Santórum, y fue el que le consiguió las "embarcaciones ilícitas".

Por otra parte, ha recalcado que las pruebas contra los procesados son "cristalinas" y, al respecto, se ha referido a las conversiones grabadas al propio Santórum y sus colaboradores, con menciones a la "merca", a una lancha rápida que "va a ir cargada hasta las orejas", al aprovisionamiento de combustible, o a los posibles puntos de descarga. "Pocas veces se ve una prueba tan sólidamente significativa de culpabilidad", ha señalado, antes de insistir: "¿Cómo escapar de estas evidencias?".

"Ingente infraestructura"

El fiscal ha subrayado que la investigación policial permitió comprobar la existencia de "una ingente infraestructura de medios a disposición de personajes como Santórum", y ha señalado que el arousano y su entorno no tienen actividad laboral conocida, más allá de una sociedad denominada El Diablo Estudios, utilizada como tapadera, y supuestamente dedicada a la actividad musical.

Al respecto, ha recordado que Santórum disponía de media docena de naves alquiladas para sus actividades ilícitas y ha cuestionado: "¿Para qué quería tantas naves? Seguro que para tocar la flauta no eran, para El Diablo Estudios no eran". "Toda la infraestructura que tenían no era para un solo cargamento, hay una vocación de permanencia (en la actividad delictiva)", ha añadido.

Igualmente, ha expuesto que no hay duda de la implicación del exfuncionario de Aduanas, Pablo S.V. y su mujer, así como del ciudadano colombiano René R.R. (del que constan contactos con un teléfono para controlar la singladura del Karar). El fiscal ha concluido que Pablo S.V. facilitaba información a la organización de Santórum y, además, era el encargado de viajar a Madrid para vender la cocaína y recoger el dinero. Su mujer, ha añadido, conocía su actividad y se beneficiaba de ella, colaborando en el delito de blanqueo.

Acerca de la polémica sobre el número de fardos que transportaba el buque (154 según el tripulante gallego, aunque se contabilizaron 152 una vez abordado el Karar), el representante del ministerio público ha afirmado que esa diferencia es "insignificante", y que "de lo que no hay duda es de que Santórum y sus colaboradores eran los destinatarios". "Si desistieron (de alijar la droga) fue por la actuación policial de la que se supieron objeto", ha remarcado, en alusión al 'soplo' que recibió el arousano cuando fue abordado el barco.

El "elefante en la habitación"

En su informe final, el fiscal también ha hecho referencia a lo que ha denominado el "elefante en la habitación", del que las defensas "no han querido hablar". En ese sentido, han basado gran parte de su estrategia en un intento de que "esto fuera un juicio a la actuación policial" y no a las actuaciones de sus patrocinados. Así, ha recordado las menciones y preguntas dirigidas a cuestionar la acción de los investigadores, presuponiendo que fue "ilícita" e insinuando "algunas actuaciones confabuladas para ocultar algo ilícito".

Al respecto, Pablo Varela ha reconocido que "probablemente y tristemente" la organización de Santórum contaría con colaboradores en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ha remarcado que "el Fiscal, siempre que pueda, sentará en el banquillo a cualquier responsable, si hay indicios", como hizo con Pablo S.V.

En todo caso, ha recordado que los oficios policiales y otras actuaciones cuestionadas por las defensas fueron informadas por el Ministerio Fiscal y autorizadas por el juzgado de instrucción, y que "la Policía no actuó por capricho". "Ése es el elefante en la habitación que han querido ocultar", ha proclamado.

Por su parte, la abogada del Estado ha centrado su intervención en apuntalar las pruebas contra el exfuncionario de Aduanas y su mujer, y ha defendido la validez de la investigación interna a la que fue sometido debido a su alto tren de vida, incluso antes de estar investigado por la droga del Karar.

Conclusiones de las defensas

La defensa de Santórum y otros seis acusados de su entorno, ha mantenido su petición de libre absolución para sus patrocinados, y ha apuntado que se han vulnerados sus derechos, alegando que se cometieron irregularidades en el proceso, como la rotura de la cadena de custodia de ciertas pruebas, o la ausencia física de ciertas pruebas de convicción (un teléfono satelital o un papel con anotaciones de coordenadas).

Igualmente, el resto de defensas han mantenido sus conclusiones, planteando calificaciones alternativas en algunos casos, y han solicitado que se aplique la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas Así, la defensa del ciudadano colombiano René R.R., ha pedido, en caso de que no sea absuelto, que sea condenado a 3 años de cárcel por la cocaína que se le intervino en su casa al ser detenido, y ha reiterado que este procesado no tiene relación ni con el Karar ni con el resto de acusados.

La vista se reanudará este jueves, con sesión de mañana y de tarde, y será el turno de las defensas para exponer sus informes finales. Acabado este trámite, el tribunal dará oportunidad a los acusados de hacer uso de su derecho a la última palabra. Si no hay sorpresas, esta semana quedará visto para sentencia este procedimiento, tras un juicio de 10 meses, más de 35 sesiones y casi 80 declaraciones, entre testigos y peritos.