La Xunta aprueba el plan para impulsar 7.360 nuevas viviendas protegidas en Vigo

La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes poner en marcha una Estratexia Galega do Solo Residencial con el objetivo de impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas y otras 5.000 libres, que se desarrollarán a través de la compra de parcelas para posteriormente urbanizarlas y levantar nuevos bloques de viviendas, fundamentalmente en las ciudades gallegas. Dentro de esta estrategia, el mayor número de pisos proyectados se encuentra en Vigo, la ciudad que por otra parte concentra el mayor número de demandantes de vivienda de protección en toda Galicia.

La iniciativa, que es paralela al objetivo del Gobierno gallego de “doblar el parque residencial público en esta legislatura”, pasando de 4.000 a 8.000 viviendas, entre las que se incluyen las ya proyectadas en Navia, supondrá una inversión inicial de más de 43 millones de euros para la adquisición de suelo y la redacción de los proyectos de urbanización entre 2025 y 2028.

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Posteriormente, en cuanto esté ya avanzada la primera etapa arrancará la segunda, relativa a la ejecución de las obras de urbanización, comercialización de las parcelas y ejecución de las viviendas.

Nuevas viviendas de protección en Vigo

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, indicó este lunes tras la reunión del Consello que el suelo urbanizado se destinará a vivienda de promoción pública (20%), que levantará el propio Instituto Galego de Vivenda e Solo, y de promoción autonómica, de la que se encargarán promotores privados y cooperativas (el 80% restante). Además, otras 5.000 viviendas serán a precios libres.

De las 20.000 viviendas protegidas recogidas en la estrategia gallega, la Xunta estima que en el área urbana de Vigo se levantarán 7.360, a las que se sumarán otras 1.840 libres, lo que llevará la cifra total de nuevas viviendas hasta las 9.000. Hay que recordar que Vigo es, de lejos, la ciudad con mayor número de personas inscritas en el registro de demandantes, con 5.750 solicitudes. Solamente en la compra de los terrenos en esta primera fase el Gobierno gallego prevé que se necesitarán 15,2 millones de euros en Vigo.

Registro de demandantes de vivienda pública

Actualizado a 4/6/2024.

1. Vigo: 5.750
2. A Coruña: 2.846
3. Santiago de Compostela: 1.183
4. Lugo: 1.073
5. Pontevedra: 970
6. Ourense: 587
7. Ferrol: 470
8. Comarca do Salnés: 374

Desarrollo de las fases

En la etapa de planificación de la primera fase, será el Instituto Galego de Vivenda e Solo el que delimitará los ámbitos de actuación con destino mayoritario a la construcción de viviendas sometidas a algún regimen de protección pública. El Gobierno gallego también buscará el apoyo de los concellos, que “podrán participar en el impulso y desarrollo de estas actuaciones aportando una parte de los fondos necesarios para su ejecución y obteniendo el suelo que proporcionalmente les corresponda con base en a su aportación”.

Tras los diferentes pasos administrativos, la Xunta realizará un “concurso público de adjudicación de suelo”, al que podrán concurrir los promotores y cooperativas para la construcción de viviendas de protección autonómica de régimen especial, general o concertado, y en el que las ofertas se podrán presentar para adjudicación de suelo en compra o en derecho de superficie.

Precios tasados

Este tipo de viviendas, construidas por promotores privados pero con protección autonómica, tienen un precio máximo fijado de entre 1.916 y 1.172 euros por metro cuadrado de superficie útil, en función de su localización y régimen de protección. Está regulado por la resolución del 31 de julio de 2023 por la que se hace público el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 27 de julio de 2023, por el que se fijan los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas de protección autonómica en primera o posteriores transmisiones.

El suelo para vivienda libre también se ofertará en concurso público por un precio fijado, en este caso, conforme una tasación realizada con base en precios de mercado.

Las promotoras adjudicatarias tendrán un plazo de tres años para construir las viviendas, mientras que el IGVS iniciará en tres años desde que finalicen las obras de urbanización la construcción de las viviendas de promoción pública.