Los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

Así ha quedado patente tras 40 minutos de discusión en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas y que ha concluido sin que el asunto se sometiera a votación, porque las delegaciones necesitan "más tiempo" para estudiar el asunto, han informado a Europa Press fuentes europeas.

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Una veintena de ministros han tomado la palabra para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce España ha "tomado nota" de las posiciones de sus socios en la UE y anunciado que el Consejo "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos, han señalado las fuentes.

Una vez constatado que los países reclaman más detalles sobre el coste de la medida y su impacto para el presupuesto comunitario, así como el estudio jurídico de su impacto para otras lenguas europeas, le corresponde ahora a la presidencia española preparar los siguientes pasos, tanto derivar la discusión técnica a los grupos de trabajo previstos en el seno del Consejo como encargar la opinión de los juristas de la institución.

Para salvar las reservas de sus socios en la UE, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ofreció que fuera España quien asumiera el coste de traducir e interpretar el catalán, euskera y gallego en las mismas condiciones que el resto de lenguas oficiales de la UE, pero ello también planteó dudas jurídicas porque el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias.

Antes del arranque de la reunión en Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se apoyó en el derecho a expresarse en catalán, euskera y gallego que desde este martes se aplica en el Congreso de los Diputados para instar al resto de países de la Unión Europea a permitir su reconocimiento como lenguas oficiales del bloque comunitario.

"No se trata de una propuesta nueva o inédita, hace casi 20 años que España viene solicitándolo", ha insistido Albares en una declaración sin preguntas, para subrayar después que ya existen "arreglos administrativos" en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, aunque no hay un régimen equivalente con el Parlamento Europeo.

Dudas legales y financieras

"Nunca tenemos miedo. Hay un marco constitucional y un marco jurídico en el Consejo europeo y creo que es importante que todo el mundo estudie este asunto", ha declarado la secretaria de Estado para Europa francesa, Laurence Boone, a su llegada a la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE que ha examinado la cuestión en Bruselas este martes.

Una mayoría de ministros han dejado claro este martes a su llegada el compromiso con el multilingüismo como parte fundamental de la identidad europea, pero también han advertido de que echan en falta detalles sobre las consecuencias legales, prácticas y políticas de lo que supondría el cambio antes de tomar una decisión, por lo que son partidarios de dejar abierta la cuestión hasta que tales informes estén sobre la mesa y puedan ser examinados.

"Es una propuesta que realmente necesita ser considerada con atención, queremos ver y tener más detalles sobre el estatus de estas lenguas a nivel nacional en España", indicó la secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Croacia, Andreja Metelkometelko-Zgombiczgombic, que también consideró "útil" esperar a tener un análisis del servicio legal del Consejo.

De manera similar se expresó, el secretario de Estado para Asuntos Europeos de Eslovaquia, Peter Misik, quien a preguntas de los periodistas ha mostrado la disposición a "escuchar los argumentos" de España porque es consciente de que es un asunto "importante y sensible" para el país, si bien ha considerado "prematuro" hablar de la toma de decisiones porque hay elementos "legales y prácticos" por explicar.

La encargada sueca de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, por su parte, indicó que las dudas de Suecia tienen que ver fundamentalmente con las consecuencias de la modificación del reglamento porque "hay muchas lenguas minoritarias dentro de la UE que no son lenguas oficiales" y quieren tener claro cuáles serán las "consecuencias legales y financieras" antes de tomar ninguna decisión.

Para el secretario de Estado irlandés, Peter Burke, no hay duda de que se debe apoyar el multilingüismo en la Unión Europea y dar pasos para que las lenguas sean tan accesibles como sea posible, pero Dublín quiere que se examinen las "consecuencias operativas" de incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE.

El jefe de la diplomacia checa, Martin Dvorak, a su vez, adelantó que el asunto lo han discutido de manera informal las delegaciones antes del arranque de la reunión y convenido que "es necesario discutirlo con más profundidad" porque es una propuesta "absolutamente sin precedentes" sobre la que hay que examinar las consecuencias.

El ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Anders Adlercreutz, en un guiño a las lenguas cooficiales recurrió al catalán a su llegada para explicar que pese al compromiso con la diversidad lingüística es "demasiado pronto" para tomar una decisión sobre el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas de la UE porque no se han resuelto las dudas sobre las consecuencias que tendría esta decisión.