La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo jueves el juicio contra el alcalde de Agolada, Luis Calvo, que se enfrenta a 14 años de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación.
El escrito de Fiscalía señala que los hechos se produjeron en noviembre de 2019, cuando ya era alcalde, al dictar un decreto para ordenar la paralización de las obras de ampliación de una depuradora en Romariz, que se realizaban sin autorización autonómica ni licencia municipal.
Así, el 20 de enero de 2020 "con el propósito de alterar la realidad y dotarla de una apariencia de autenticidad" elaboró y firmó un informe en el que constaba que por comisión de gobierno extraordinaria se aprobó precintar la depuradora.
Con todo, ese órgano "no existía", ni tampoco hubo reunión alguna en la que se aprobase la medida. Sin embargo, el alcalde "con la finalidad de parar la actividad de la empresa", realizó el precinto y confeccionó el documento.
Luis Calvo es acusado de tomar la orden de precinto "prescindiendo absolutamente de todo trámite procedimental" y con "la intención deliberada y plena conciencia" de su ilegalidad. Ese día, el alcalde envió una comunicación firmada por él desde el correo electrónico de la alcaldía a la empresa propietaria de la depuradora, en la que le notificó el precinto del recinto.
Todo ello, "sin la necesaria" intervención del secretario interventor y "siendo plenamente consciente" de que el correo electrónico "no constituía" un medio válido de comunicación. Por su parte, el informe de secretaría del 22 de enero del 2020 aseguró que la competencia para adoptar el precintado como medida cautelar correspondía a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.
Delitos y penas
El Ministerio Público solicita para el alcalde de Agolada por el delito de falsedad de documento oficial la pena de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros.
Además, por el delito de prevaricación pide 11 de años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como una indemnización a la empresa en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.