Piden cárcel para una mujer que estafó más de 20.000€ con anuncios falsos de alquiler en Vigo

La Fiscalía solicita tres años de prisión para una mujer, administradora y socia única de la entidad Corarodrilar SL, que estafó más de 20.000 euros a diferentes personas interesadas en alquilar viviendas en Vigo, a las que mostraba anuncios falsos. El juicio tendrá lugar el 21 de enero en el Juzgado de Instrucción Nº4 de Vigo.

Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito, entre 2013 y 2017, la mujer, a través de distintos nombres comerciales, pero siempre desde la sede sita en Vigo, utilizó anuncios "señuelo" de pisos en alquiler publicitados en páginas generalistas de internet (y también en un dossier de anuncios en la propia oficina), con los que captaba la atención de múltiples personas interesadas en alquilar inmuebles.

Másnoticias

Exigen la "reparación urgente" del mirador de Paseo de Alfonso, uno de los balcones "top" a la Ría

20/05/2022

Unha mostra en Vigo percorre a viaxe dos contos infantís a través do tempo e dos países

20/05/2022

Los anuncios se empleaban a sabiendas de que, en realidad, las viviendas no se alquilaban, o no estaban disponibles ya, o directamente no existían. En ocasiones, destacan, se empleaban fotografías de inmuebles que realmente no radicaban en la localización con que se anunciaban.

Cuando los interesados contactaban con la entidad de la denunciada, se les informaba de que para poder contactar con el propietario del inmueble que había suscitado su interés y visitarlo, debían firmar previamente un "contrato de suscripción a las ofertas de alquiler", por el que cada cliente pagaba determinada cantidad (180 euros en el año 2013; 150 euros entre los años 2014 y 2017).

Con este documento además, la empresa se comprometía a facilitar la información de los inmuebles por los que habían preguntado, información sobre otros pisos disponibles que se correspondieran con los parámetros de búsqueda que interesaban a cada cliente. Sin embargo, una vez que se abonaba el importe, se informaba al cliente de que por diversos motivos el inmueble por el que se había interesado no estaba disponible; y se enviaban datos de otros pisos obtenidos indiscriminadamente de cualquier fuente, ni se verificaba si los pisos estaban disponibles, o cuál era el estado de los mismos.

Para mantener el engaño, la empresa distribuía, cuando se le solicitaban, falsas hojas de reclamaciones; de modo que a diversos clientes que presentaron reclamaciones les enviaron cartas que figuraban como confeccionadas por una "Comisión Consultiva" del "Servicio de los consumidores de alquileres Vigo", entidad inexistente.

En otros casos, la empresa aportaba una hoja de "demanda de reembolso de la suscripción" que estaba encabezada dirigida a un "Servicio de Consumidores" radicado en Barcelona, entidad que tampoco existe; y se contestaba mediante carta remitida desde Vigo. Dichas cartas siempre afirmaban que la entidad había obrado de forma completamente correcta y el cliente no tenía derecho al reembolso.

Del mismo modo, a medida que el nombre comercial que utilizaba en los anuncios señuelo iba siendo conocido y asociado a esta conducta fraudulenta, lo iba sustituyendo por otro nuevo que resultase desconocido para el público, llegando a utilizar siete nombres diferentes.

Pena solicitada

La Fiscalía indica que, entre 2013 y 2017, la acusada estafó 23.060 euros a 154 personas diferentes mediante esos cobros de entre 80 y 150 euros. Es por esto que la acusan de un delito continuado de estafa, con afectación de un elevado número de personas.

Así, solicitan para ella tres años de cárcel, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y nueve meses de multa con una cuota diaria de diez euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Igualmente, piden que se le imponga la pena de inhabilitación especial para empleo, profesión u oficio relacionados con la publicidad, alquiler o ventas inmobiliarias, durante el tiempo de condena.

Además de abonar las costas del juicio y, en lo que respecta a la responsabilidad civil, la acusada deberá abonar a cada uno de los perjudicados la cantidad que en su momento pagó, a excepción de los que recuperaron el dinero y los que renunciaron a reclamar.