Piden que la Xunta garantice la "muerte digna" en Galicia e informe sobre el testamento vital

O Bloque Nacionalista Galego reclama avances de la Xunta de Galicia para garantizar el derecho a una muerte digna. El frente nacionalista traslada así la preocupación de la Asociación "Dereito a Morrer Dignamente" (DMD) ante los "déficits" de información y de recursos por parte del Gobierno gallego a la hora de ejercer este derecho.

Así lo ha demandado a través de iniciativas en el Parlamento gallego la diputada y portavoz de Sanidad del BNG, Montse Prado, quien mantuvo en Vigo una reunión con representantes de la DMD gallega junto con el portavoz municipal en la ciudad, Xabier Pérez Igrexas. “A Xunta non fai ningún esforzo por estender este dereito, o que na práctica está a impedir ou dificultar o exercicio de morrer dignamente”, lamentó Prado.

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La diputada nacionalista consideró necesario dar más pasos a nivel legislativo, aunque el principal obstáculo hoy en día, denunció, tiene que ver con el desarrollo de las distintas normas ya existentes. “A lei que non se cumpre é papel mollado, e con ese papel mollado estánselle negando, ou dificultando o goce de dereitos ás persoas”, reprochó.

Entre otras "deficiencias", Prado denunció que el Sergas no está proporcionando información sobre el testamento vital ni a profesionales ni a la población, más allá de estar disponible en la página web. En ese sentido, criticó que no existan materiales de carácter divulgativo, como carteles o folletos, en los centros sanitarios.

Desde el BNG alertaron también de la "insuficiente" red de unidades habilitadas para formalizar el "Documento de Instrucións Previas" (DIP), con tan solo 79 repartidas de forma muy desigual por el territorio gallego. Por este motivo, las iniciativas nacionalistas piden aumentar su número para que toda la población tenga una unidad próxima a su domicilio y evitar así desplazamientos de kilómetros.

Prado advirtió también de que la "Secretaría Xeral Técnica" no está tramitando los DIP en el plazo máximo legal de dos meses, imponiendo en la práctica el silencio administrativo, así como de retrasos de meses a la hora de incorporar esta información en la historia clínica de cada paciente. Estos "obstáculos" explican, a juicio del Bloque, que Galicia esté a la cola del Estado en el número de personas inscritas.

“Estes datos poñen en evidencia que a Xunta non fai ningún esforzo por estender o dereito, o que na práctica está a impedir ou dificultar o exercicio do dereito a morrer dignamente”, remachó la diputada nacionalista, reivindicando que la Administración garantice con medios suficientes que los gallegos y gallegas puedan decidir sobre el proceso final de su vida.

"Violencia" institucional

Por su parte, el portavoz municipal del BNG en la ciudad olívica, Xabier P. Igrexas, lamentó que la “burocratización excesiva e a dilatación dos prazos” provoca que cerca de una de cada tres personas que solicitan la eutanasia fallezcan antes de ser autorizada, según datos del propio Ministerio de Sanidad. “Impedir o exercicio do dereito á morte digna é un exemplo de violencia institucional que debe acabar”, señaló.

Igrexas subrayó el hecho de que, desde la entrada en vigor de la Ley, el área de Vigo representa el 25% de las solicitudes de eutanasia registradas en toda Galicia. Un dato que, apunta, demuestra la necesidad de que el Sergas “axilice os mecanismos e garanta unha completa información para o exercicio efectivo dese dereito evitando engadir sufrimento innecesario” a pacientes y familias, y atendiendo a la demanda de las propias profesionales sanitarias de mayor formación y orientación en este procedimiento