Los grupo municipales de la oposición en Vigo, PP y BNG, han constatado que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que da la razón a la administración local en el contencioso con la promotora del concierto de Guns N' Roses, confirma que se produjeron negociaciones entre Concello y empresa al margen del procedimiento del concurso de patrocinio.
Así, el PP ha señalado que el fallo "no niega las irregularidades del gobierno local que se ponen de manifiesto en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo" y apunta que el dictamen, que aún no es firme, "se basa en una cuestión formal y en la inexistencia de un contrato entre ambas partes, pero nadie pone en duda que existía un acuerdo previo entre el gobierno local y la promotora para la celebración del concierto.
De hecho, han insistido los 'populares', el TSXG mantiene "todos los reproches a la actuación" del gobierno local que contiene la sentencia de instancia y también ratifica la "evidente descoordinación entre sus diversos departamentos antes y durante la tramitación del expediente de contratación".
"Todo Vigo sabe que el alcalde anunció un concierto apoyado por el Concello meses antes de sacar a concurso un contrato público para la celebración de dicho concierto", han apuntado y han añadido que el propio gobierno de Abel Caballero "tumbó" ese concurso "al darse cuenta de que, de seguir adelante con el procedimiento, se incurriría en un delito".
Por su parte, en un comunicado, el grupo del BNG ha advertido de que la resolución del alto tribunal gallego "no contradice la existencia de prácticas irregulares, al margen del marco legal en materia de contratación pública por parte del gobierno municipal de Vigo", ya que quedó acreditada la existencia de una "vida negocial previa" a ese proceso de licitación.
De hecho, ha apuntado, el TSXG reprocha a la promotora no haber declarado su "participación directa o indirecta en la preparación" del procedimiento de contratación.
Para el BNG, esta actuación "irregular" es "un evidente ejemplo del chalaneo contractual" y de la mala gestión del gobierno de Abel Caballero. Con todo, los nacionalistas han celebrado que el TSXG exima al Concello del pago de más de 1,5 millones de euros que exigió la promotora, de manera que la sentencia impide "que la gestión irresponsable e irregular del Ejecutivo de Caballero le acabe costando a los vigueses casi 2 millones de euros de dinero público".
El grupo nacionalista ha subrayado que tanto esta sentencia como la de primera instancia "muestran un comportamiento inaceptable en términos éticos y de transparencia", por lo que ha apuntado que el gobierno de Caballero "debe igualmente asumir sus responsabilidades políticas", empezando por el cese de la concejal Patricia Rodríguez, como responsable "del falso concurso público y de la trama irregular que envolvió el concierto".
Finalmente, el BNG ha reclamado de nuevo el refuerzo de los mecanismos de control municipal sobre los contratos, la constitución de una Comisión de Vigilancia de la Contratación, la elaboración de una ordenanza municipal de transparencia en la gestión y la creación de una Oficina Municipal Anticorrupción.
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