Agentes de la Policía Nacional de Vigo han procedido en las últimas horas a precintar el inmueble utilizado por un clan familiar de tres mujeres para explotar sexualmente a víctimas vulnerables, y tras la detención hace unos meses de las sospechosas.
Esta clausura cautelar se llevó a cabo con autorización de la autoridad judicial y a petición de la Policía, para evitar que se prolongase la actividad delictiva y para proteger a las víctimas.
La investigación, desarrollada por agentes de la UCRIF de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela, se inició el año pasado tras varios incidentes graves, incluido el fallecimiento de una mujer y la denuncia de otras dos.
En la entrada y registro practicados el pasado 24 de marzo de este año, los agentes localizaron a numerosas víctimas que residían de manera permanente en el inmueble y que eran obligadas a trabajar en jornadas nocturnas prolongadas, con restricciones severas de movimiento y en condiciones de habitabilidad indignas.
Esa intervención permitió detener a las tres integrantes del clan familiar y activar los protocolos de protección previstos para las víctimas de trata.
Tras entrevistarse con las víctimas, los agentes comprobaron que las responsables del piso ejercían un control absoluto sobre ellas, las sometían a jornadas nocturnas de hasta 12 horas, exigían disponibilidad inmediata ante cualquier cliente, marcaban la indumentaria que debían utilizar y limitaban sus salidas a apenas dos horas diarias, siempre bajo autorización. El inmueble contaba con sistemas de vigilancia internos destinados a supervisar su actividad y además, las responsables se apropiaban de la mitad de los beneficios obtenidos por el ejercicio de la prostitución.
Las mujeres permanecían recluidas en habitaciones de reducido tamaño, equipadas con literas e incluso sin ventilación ni luz natural, sin otros espacios de descanso o esparcimiento y obligadas a permanecer en el interior de sus habitaciones durante el tiempo de espera entre clientes.
Los informes policiales también revelan que muchas de las mujeres explotadas eran extranjeras recién llegadas a España, tras haber contactado previamente con las responsables para asegurarse una plaza en el inmueble. Varias de ellas habían cruzado la frontera bajo la apariencia de turistas, pese a que su verdadera intención era ejercer la prostitución, una práctica que vulnera la normativa de extranjería y que las investigadas conocían y facilitaban.
A todo ello se suman los informes elaborados por dos ONG especializadas que entrevistaron de manera individual a varias mujeres y detectaron claros indicios de explotación sexual y situaciones personales de extrema vulnerabilidad. Algunas de ellas habían iniciado la prostitución en su país de origen siendo menores de edad, otras eran el único sustento económico de su familia o acumulaban deudas que las obligaban a continuar ejerciendo. Todas coincidieron en carecer de alternativas y en encontrarse sometidas a condiciones que afectaban gravemente a su bienestar.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de continuidad delictiva, la Policía Nacional solicitó a la autoridad judicial la adopción de medidas para garantizar el cese de la actividad ilícita.
En este contexto, agentes de la UCRIF procedieron este martes al precinto del inmueble, inutilizando de inmediato su uso como espacio de explotación sexual. El lugar no constituye morada habitual de ninguna de las mujeres identificadas ni alberga actividad económica reglada, siendo utilizado exclusivamente como instrumento para la explotación sexual.
Cuando fue precintado el inmueble, las mujeres ya lo habían abandonado y, según han comunicado fuentes policiales, actualmente no residen allí, tienen "plena libertad de movimiento" y "acceso a recursos de apoyo".
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