Preocupación por el “elevado número” de contagios entre el personal de enfermería en Galicia

El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que “día a día” aumentan los contagios comunitarios entre los profesionales sanitarios y pide que todo el personal lleve mascarillas tipo FPP2 en Galicia. “Precisamente las enfermeras son las que encabezan los contagios, aunque desde SATSE la reclamación es para todos, y en todos los ámbitos sanitarios y sociosanitarios”, explican.

El sindicato ha remitido escritos a todas las administraciones y gerencias sanitarias correspondientes, como la Consellería de Sanidade, o la Consellería de Política Social, de la que dependen los centros sociosanitarios de nuestra comunidad, pero también en centros privados como Povisa. En los documentos, SATSE reclama que se hagan todas las gestiones oportunas para que las enfermeras y enfermeros, fisioterapeutas y el conjunto del personal sanitario puedan utilizar siempre mascarillas de una mayor protección, como son las FPP2, una vez que se ha demostrado científicamente la transmisión del coronavirus por aerosoles.

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SATSE considera necesario que desde el Sergas se realicen todas las actuaciones oportunas “a fin de que la protección respiratoria recomendada para los profesionales de la salud en entorno asistencial sea, en todo caso y en todo momento, el nivel más alto de protección para el SARS-CoV-2, por lo que consideramos imprescindible que durante cualquier actividad y sin premisas, se facilite a los profesionales sanitarios el uso de la mascarilla autofiltrante tipo FPP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2. Y mascarillas FPP3 cuando en el desarrollo de la actividad se realicen procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentraciones elevadas”, advierten.

Estas reclamaciones se hacen extensibles a todo el personal sanitario, y a todos los centros sanitarios de Galicia, tanto públicos como privados, así como dependientes del Sergas o de Política Social. Lo que pide el Sindicato de Enfermería es que la Administración proteja a sus trabajadores “al máximo”, para evitar en la medida de lo posible los contagios comunitarios, y favorecer además la disponibilidad de los mismos, “ante el difícil escenario laboral en que nos encontramos, con la falta de profesionales en la categoría, agravada por la alta siniestralidad registrada con motivo de los contagios COVID“.