Protesta en un supermercado Dia de Vigo por los salarios: "Queremos cobrar polo convenio provincial"

Personal de Supermercados Dia convocado por la CIG-Servicios se movilizaron este martes delante del supermercado Dia de la Avenida de Samil, en Vigo, para "forzar" a la empresa a asumir los salarios fijados en el convenio del sector de la alimentación de la provincia de Pontevedra. Una protesta que tuvo lugar un día antes de que se celebren los juicios en los que cuatro personas trabajadoras reclaman las cuantías económicas que les corresponden.

La concentración se prolongó desde las 11:30 hasta las 12:15 horas bajo los gritos de "Queremos cobrar polo convenio provincial", "Dia, escoita, estamos en loita" o "Explotadas no comercio por un solo miserento". Una protesta celebrada antes de los procedimientos judiciales de reclamación de cuantías que cuatro trabajadoras de la empresa tienen programados en el Juzgado número 2.

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Se trata de los primeros procedimientos derivados de la resolución de la Inspección de Trabajo que, en noviembre del año pasado, "resolvió favorablemente" una denuncia de la CIG y obligó a la empresa a pagar conforme al convenio provincial de Pontevedra, ya que la autoridad laboral constató una "infracción muy grave por remunerar por debajo de lo establecido" y abrió una liquidación de cuotas a la Seguridad Social por importe de 120.000 euros.

La denuncia ante la Inspección, según explican desde la CIG, se basó en la modificación del artículo 84 del Estatuto de las Personas Trabajadoras en 2021, por la que desapareció la prioridad aplicativa en materia salarial que anteriormente tenía el convenio de empresa con respecto al convenio sectorial. Teniendo en cuenta este nuevo marco normativo, la central sindical consideró urgente que se produjera este reconocimiento por parte de la autoridad laboral, "por lo que consideramos muy importante lo que recoge la actuación inspectora, dado que esta situación afecta a 53 personas trabajadoras de la empresa con diferencias de entre 100 y 350 euros".

La CIG-Servizos lamenta que haya sido necesario llegar a los procedimientos judiciales ante "la negativa de la empresa" a abrir una mesa de negociación para aplicar el artículo 84 del Estatuto de las Personas Trabajadoras, asegurando incluso la dirección que "no va a aplicar el acta de la autoridad laboral hasta que no esté obligada por resolución judicial".