Se libra de la cárcel pese al "maltrato habitual" a menores en una guardería de Galicia

Una extrabajadora de la guardería pública Galiña Azul del Polígono do Tambre, en Santiago de Compostela, ha aceptado una pena de 15 meses de cárcel por un delito de maltrato habitual a menores de 0 a 2 años de edad entre 2018 y 2019.

Tal y como confirman a Europa Press fuentes judiciales, la educadora alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía y las familias querellantes en la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital gallega. Aparte de la pena de cárcel, que quedará suspendida --por tanto, no entrará en prisión-- a condición de que no delinca durante dos años, ha sido condenada a indemnizar en 1.000 euros a un menor y 1.500 a cada uno de los otros dos.

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Además, estará inhabilitada durante dos años para ejercer oficio, profesión u otra actividad que implique contacto con menores y deberá pagar dos multas, de 150 euros cada una, por delitos leves de maltrato de obra y lesiones.

Según el relato del escrito de Fiscalía, varias madres presentaron una denuncia ante el juzgado en noviembre de 2019 en la que relataban que "era frecuente" que la educadora "gritara" y "zarandeara" a los niños.

Además, "les exigía que comieran solos" y, si no lo hacían, les tiraba la comida"; y, si no recogían los juguetes, les tiraba otros de las estanterías.

Las madres también relataron que esta trabajadora los castigaba subiéndolos en una trona durante mucho tiempo, tumbados en una hamaca en un rincón y, cuando lloraban, los encerraba --en el cuarto de baño, en la lavandería o en otra estancia sin ventanas-- o los cubría con una sábana "hasta que se cansaran".

También, entre los años 2016 y 2017, siempre según Fiscalía, a un niño "que no se ha podido concretar cuál fue", lo castigó poniéndole encima toallas mojadas con agua fría mientras estaba desnudo y "solo con los calzoncillos".

La Xunta la apartó

Fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade consultadas por Europa Press aseguran que, "tan pronto" tuvieron conocimiento de las conductas de la trabajadora, en octubre de 2019, "se abrió un expediente y se hizo una reunión con las familias" del centro público. Así, mientras se realizaba la investigación, esta educadora fue apartada y, posteriormente, ella misma se cogió una baja.

Ya en diciembre de aquel año se abrieron diligencias previas por parte del juzgado, por lo que la Xunta remitió "toda la documentación" relativa al expediente sancionador.

Con todo, este trámite se suspendió desde el momento en el que se judicializaron los hechos, hasta que finalmente decayó en el momento en que la trabajadora renunció a su puesto de trabajo en abril de 2020, relatan las mismas fuentes.