Suspendido el juicio por el alijo de cocaína del MV Karar, que se celebrará en marzo en Vigo

El juicio previsto para este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), contra 29 acusados por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas por el buque MV Karar ha sido suspendido y se celebrará en marzo.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la vista ha sido suspendida "por diversas cuestiones, entre ellas, cambios de abogados", por lo que se celebrará en marzo.

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Los acusados, entre los que está J.C.S.N., considerado por los investigadores cabecilla de la organización, se enfrentan a penas que van desde los 13 años y medio a los 19 años y medio de prisión, además de multas millonarias, por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía atribuye a los encausados la preparación, coordinación y transporte de la droga, que fue intervenida en un abordaje en altamar en abril de 2020, en plena pandemia. Las fuerzas de seguridad detuvieron a los 15 tripulantes del MV Karar, uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh; y a otras trece personas en tierra, entre quienes estaban un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer. El considerado cabecilla de la organización, J.C.S.N., se dio a la fuga, pero se entregó meses después para cumplir una pena de algo más de dos años de cárcel en una causa por revelación de secretos (filtración de información por parte de dos agentes de la Guardia Civil).

En los registros de los domicilios de los detenidos, y en las seis naves de las que disponía la organización, las fuerzas de seguridad se incautaron de dinero en efectivo, numerosos teléfonos y tarjetas SIM, sistemas de comunicación vía satélite, cartografía, anotaciones con coordenadas, cámaras, dispositivos inhibidores, vehículos y hasta cinco embarcaciones. Además en casa de J.C.S.N. se encontraron ropas de Policía Nacional y un chaleco antibalas, y en el domicilio de otro de los implicados, se encontró un arma para la que no tenía licencia.

Blanqueo de capitales

Entre los acusados en este procedimiento están un funcionario de Aduanas y su mujer (trabajadora de la red de escuelas infantiles públicas de la Xunta), a quienes la Fiscalía atribuye, además del delito de tráfico de drogas, un delito de blanqueo de capitales.

El ministerio público expone que, además de facilitar información sobre vigilancias y actividad policial a la organización, se encargaban también de la distribución de la droga, obteniendo un beneficio ilícito que el matrimonio trató de 'blanquear' mediante varias fórmulas. En total, la Fiscalía estima que blanquearon entre 2015 y 2020 casi medio millón de euros.