Vitrasa ha anunciado este martes unas drásticas medidas para hacer frente al “brusco descenso del número de viajeros” producido debido a la pandemia y que ha causado un agujero en las cuentas de la compañía. La empresa propiedad de la multinacional mexicana ADO exigió en 2021 al Concello el pago de casi 16 millones de euros por las pérdidas, pero los técnicos municipales reconoce solo el pago de 5,6 millones.
En un comunicado, Vitrasa asegura que “se encuentra en la necesidad” de iniciar un proceso de “inaplicación del Convenio Colectivo”. Esto se traduce en una reducción del salario que perciben sus trabajadores, así como un incremento de la jornada laboral, no solo en 2022 sino también en 2023. “Se trata de una medida de carácter temporal que la empresa se ve forzada a exponer al no poder lograr reequilibrar su contrato por los efectos derivados de la pandemia”, aseguran desde la compañía. Aunque la concesionaria del servicio público de transporte urbano de Vigo no ha dado cifras, la CIG asegura que se plantea una rebaja salarial próxima al 40% y le pide que abandone la concesión si considera que no es rentable.
La empresa defiende que la medida es “fundamental para garantizar su supervivencia” y defiende que, aún con el recorte, “las condiciones de los trabajadores continúan siendo más favorables que las del resto de empresas gallegas del sector”.
“Ante la imposibilidad de recuperar la totalidad de viajeros previos a la pandemia o de alcanzar un equilibrio económico suficiente para paliar los efectos de la misma y la inviabilidad de reducir la oferta de transporte público para ajustarla a la demanda, la compañía tuvo que tomar esta dura decisión, que ya fue comunicada a sus trabajadores”, expresan.
El transporte público de viajeros fue uno de los sectores que más restricciones sufrió desde el inicio de la pandemia en toda Europa. En Galicia, estas medidas implicaron fuertes limitaciones de aforo impuestas por la Xunta de Galicia. Debido a ello, Vitrasa asegura que el número de viajeros en Vigo se redujo en más del 42% en 2020 y en un 36% en 2021, lo que se traduce en 16 millones de viajeros menos. Por ello, recibió ya más de dos millones de euros de dinero público y se le reconoció el pago de otros 3,5 millones.
Sin embargo, la compañía pedía que las ayudas se aplicaran durante el tiempo en el que se produzca la “situación de hecho creada por el COVID-19”, algo que desde el Concello se considera “un concepto jurídico indeterminado” pues “esta interpretación nos llevaría al absurdo de aplicar una norma especial dictada para una situación especial y un momento determinado hasta el infinito” ya que “todo apunta a que el virus convivirá con nosotros mucho tiempo”. Por ello, los técnicos municipales consideraron que el periodo a indemnizar solo debía aplicarse a la duración del estado de alarma. Vitrasa alega que las restricciones se aplicaron durante durante mucho más tiempo, afectando a su cuenta de resultados.
A mayores, la empresa carga contra la huelga de los trabajadores llevada a cabo en 2021 ante los incumplimientos laborales de la misma. “Solo ayudó a empeorar una situación ya muy compleja de por sí, disuadiendo a los usuarios de emplear nuestros servicios día tras día”, aseguran.
Vitrasa explica que llevó a cabo “diferentes medidas con el fin de revertir la situación y aumentar el volumen de viajeros”, aunque no especifica cuáles son esas medidas. La empresa, por otra parte, defiende que desde junio del año 2020 no hay ningún trabajador en situación de ERTE en la compañía, “cuando en el sector hay empresas que mantienen trabajadores en esta situación de manera continuada desde marzo de 2020”.