CCOO ha desconvocado la huelga de este jueves, 5 de diciembre, en el colectivo de conductores de autobuses, aunque ha mantenido la del próximo lunes, 9 de diciembre, así como el carácter indefinido de huelga a partir del próximo 23 de diciembre, al mismo tiempo que ha advertido de nuevas acciones para reivindicar la jubilación anticipada en el sector por causas de peligrosidad.
UGT ya se desvinculó de esta huelga tras firmar un acuerdo con las principales patronales del ramo --Confebús, Anetra y Atuc-- para pedir a las administraciones la implementación de la jubilación anticipada, pero solo una vez entre en vigor una normativa del Gobierno que facilite esa gestión, medida que todavía no tiene fecha.
Por eso, CCOO siguió adelante con la huelga para pedir que se fije una fecha límite a esa solicitud. Además, el sindicato lamenta que las patronales de camiones como la CETM o Fenadismer han incumplido el plazo máximo de 20 días que acordaron el 24 de octubre con los sindicatos para realizar la solicitud de jubilación anticipada a las administraciones, y que motivó la desconvocatoria de la huelga en ese sector.
"El transporte de viajeros y urbano está sometido a los intereses económicos de las empresas Alsa y Avanza, que son las que controlan directamente a la patronal Confebús e indirectamente a la patronal del transporte público urbano y metropolitano Atuc, que, a pesar de representar a las empresas públicas de transporte de las principales ciudades españolas, antepone los dictados de Confebús", ha denunciado CCOO en un comunicado.
El sindicato cree que la negativa de las patronales a fijar una fecha está motivada por la esperanza de Confebús en que la nueva reglamentación contemple mayores exigencias que imposibiliten el acceso a los coeficientes para conductores, o por el interés de las grandes concesionarias de transporte público para que el coste adicional que supone la aplicación de coeficientes reductores no lo paguen las empresas y se les compense por parte de la administración.
Con todo ello, CCOO ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos de las grandes ciudades de España y al Ministerio de Transportes para que tutelen el proceso y no dejen la resolución del conflicto "en manos de Alsa y Avanza", al mismo tiempo que ha recordado que las concesionarias siguen cobrando por la concesión, aunque sus trabajadores estén en huelga y no presten el servicio.
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