Penas mínimas contra los responsables de un club de alterne de O Porriño con mujeres en situación irregular

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto este martes el juicio contra dos responsables de un club de alterne de O Porriño que tenían a 12 mujeres en situación irregular. La vista se ha saldado con penas mínimas, que no implicarán su ingreso en prisión.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para el gerente del Club Falcon Crest una pena de dos años y tres meses, pero el procesado ha llegado a un acuerdo y ha reconocido los hechos de los que estaba acusado, lo que ha supuesto una rebaja en la condena, que quedó en una pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota de 10 euros, con inhabilitación especial para dedicarse a actividades de actividades de gestión y administración de locales de alterne.

Másnoticias

Récord de lluvias en el área de Vigo y vientos de 100 km/h en Cíes: ¿Cuándo acabará el mal tiempo?

19/04/2025

El primer premio de la Lotería Nacional vuelve a Galicia y cae en O Porriño

19/04/2025

La otra persona acusada, también propietaria de este local, no ha reconocido los hechos, por lo que la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada inicialmente de seis meses de cárcel, multa de seis meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por el mismo tiempo para la actividad de arrendamiento del local de su propiedad para local de alterne por el mismo tiempo.

Según recoge el escrito de Fiscalía, en octubre del año 2018 el Club Falcon Crest tuvo una inspección que detectó que 12 de las mujeres que trabajaban allí estaban en situación irregular, sin permiso de trabajo y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, mientras que otras cuatro no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

En ese momento, relata el Ministerio Público, la empresa tenía dados de alta a siete trabajadores. Como consecuencia de la inspección, se incoaron varias actas de infracción. El escrito recoge que la dueña de la propiedad lo alquiló al primer acusado "conociendo la situación de las empleadas en dicho local, así como la actividad que se explota, pese a lo cual arrendó el citado inmueble facilitando la comisión del delito".

El citado local ha estado clausurado de forma provisional desde abril de 2019 hasta julio de 2020. En la actualidad el contrato de arrendamiento se resolvió por la propiedad. La Tesorería General de la Seguridad Social dio de alta de oficio a las citadas trabajadoras abonando un importe total de 293,77 euros.